Pablo Rossi respaldó públicamente la decisión del gobierno nacional de cerrar la sala de prensa de la Casa Rosada luego del escándalo generado por la grabación realizada por Luciana Geuna y Ignacio Salerno dentro de la sede gubernamental. Durante sus intervenciones televisivas y radiales, el periodista sostuvo que el episodio representó “una violación gravísima de las normas de seguridad” y argumentó que el Ejecutivo “tenía derecho a revisar los protocolos” ante lo que definió como una conducta “irresponsable”. El conductor afirmó además que “no se puede naturalizar que periodistas filmen zonas sensibles sin autorización” y consideró que la reacción oficial “era previsible frente a un hecho inédito”.
El conductor insistió en que el episodio excedía la discusión sobre libertad de prensa y que debía analizarse “desde el punto de vista institucional y de seguridad”. En ese sentido, defendió la suspensión preventiva de accesos a periodistas acreditados y remarcó que “la Casa Rosada no es un estudio de televisión”. También cuestionó el uso de dispositivos ocultos durante la cobertura y sostuvo que “si hubo lentes inteligentes para registrar imágenes, entonces hubo voluntad deliberada de evitar controles”.
En su redes sociales, ante los dichos de Rossi, Marcelo Longobardi cuestionó las declaraciones de su colega. "Si no queremos que nos regulen, que nos censuren, que nos pongan trabas tenemos que tener una gestión, una autogestión elevando la calidad", citó textual Longobardi frente a cámara, parafraseando al comunicador de La Nación+. "Habiendo tantas profesiones tan nobles como chofer de Uber, médico pediatra, bombero voluntario, ¿por qué no se dedica a otra cosa? En vez de hacer de chupamedias del Gobierno, es muy triste", remató.
Más allá de la fuerte critica de Longobardi por la situación presentada por Rossi, las medidas gubernamentales generaron un fuerte rechazo entre todos los colegas y trabajadores de prensa acreditados en Balcarce 50. Desde la suspensión, el contexto en Casa Rosada fue especialmente tenso para los reporteros porque el Gobierno había tomado la decisión de bloquear el ingreso de todos los periodistas acreditados, desactivar las huellas biométricas para el acceso y clausurar la sala de prensa por tiempo indeterminado, algo que generó un rechazo generalizado en entidades como FOPEA, ADEPA y organismos vinculados a la libertad de expresión.
El conflicto comenzó hace semanas, después de la emisión de un informe televisivo encabezado por Geuna para su ciclo periodístico de TN y producido junto a Salerno, acreditado en la Casa Rosada, donde se mostraban imágenes internas de los pasillos y áreas de circulación del edificio gubernamental. El material fue registrado mediante anteojos inteligentes con cámara incorporada. El gobierno nacional, a través de la Casa Militar, presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal y argumentó que la grabación vulneró protocolos de seguridad presidencial.
La administración de Javier Milei aseguró que las imágenes fueron obtenidas “sin autorización” y sostuvo que no existía ningún pedido formal para filmar dentro de la sede gubernamental. Un comunicado oficial incluso acusó a los periodistas de haber grabado “a escondidas” y afirmó que se utilizaron dispositivos ocultos en “áreas restringidas”. Por su parte, Geuna rechazó esas acusaciones y sostuvo públicamente que “no fue una grabación clandestina”. En su descargo televisivo explicó que el objetivo del informe era mostrar la dinámica política cotidiana dentro de la Casa Rosada y afirmó que las imágenes se tomaron “en espacios de circulación común”. También declaró que funcionarios del área de prensa estaban al tanto de la realización del material.
Finalmente, el conflicto se descomprimió parcialmente después de varios días de fuerte presión política, judicial y mediática sobre el gobierno nacional. La administración de Milei finalmente resolvió reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada y restablecer el ingreso de los periodistas acreditados, aunque bajo un esquema mucho más restrictivo y con nuevos controles de seguridad.
La decisión llegó tras una semana de críticas de organizaciones periodísticas y reclamos en el Congreso, en una medida que muchos cronistas consideraron inédita desde el retorno democrático. El Poder Ejecutivo mantuvo la denuncia presentada por Casa Militar contra Geuna y Salerno, pero dio marcha atrás con el bloqueo absoluto a los acreditados y volvió a habilitar las conferencias de Manuel Adorni.
La resolución provocó una fuerte controversia política y periodística debido a que afectó a decenas de cronistas ajenos al episodio. Organizaciones vinculadas a la libertad de expresión y numerosos periodistas denunciaron que la medida no tenía antecedentes desde el retorno democrático y la calificaron como una sanción colectiva. Incluso, el episodio profundizó además la tensión entre los mismos periodistas, en un contexto de creciente confrontación entre la política y los medios.
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