El denominado “caso de espionaje ruso en medios argentinos” tomó estado público a comienzos de este mes a partir de una investigación internacional coordinada por el medio openDemocracy, basada en filtraciones de documentos internos de estructuras vinculadas a Rusia. Según esa investigación, un grupo identificado como “La Compañía” habría desplegado entre junio y octubre de 2024 una supuesta operación sistemática de influencia en la Argentina con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con esos documentos del medio, la operatoria combinó producción de contenido, financiamiento encubierto y publicación masiva en medios digitales. Se habrían difundido más de 250 artículos en al menos 23 sitios argentinos, muchos sin firma o con identidades falsas, como parte de una estrategia de desinformación que incluyó tanto noticias verdaderas como contenido manipulado. El presupuesto total asignado a la operación ascendía a unos 283.100 dólares para producción mediática, a lo que se sumaban otros 343.000 dólares destinados a actividades de inteligencia y coordinación.
El rol de openDemocracy fue central en la exposición del caso: el portal de origen británico accedió a los documentos filtrados, reconstruyó la arquitectura de la red y publicó el informe original el 2 de abril de este año. En su investigación, describió cómo agentes rusos buscaron “infiltrar medios” y amplificar narrativas a través de portales locales, aprovechando la fragilidad del ecosistema digital y la falta de controles editoriales en algunos sitios. La publicación fue luego retomada por otros medios internacionales como El País, que confirmó la existencia de la campaña y su cronología.
Aunque el informe no siempre estableció responsabilidades directas de los medios —muchos de los cuales negaron haber recibido pagos o conocer el origen de los contenidos— sí identificó patrones de publicación coordinada. Entre los espacios señalados en el ecosistema digital argentino aparecen portales de baja trazabilidad editorial y sitios de fuerte sesgo político. El impacto político fue inmediato. El gobierno argentino afirmó que sus servicios de inteligencia ya habían detectado la maniobra en 2025 y que la denuncia estaba en conocimiento de la Justicia.
A partir de la difusión del informe, la administración de Javier Milei endureció su postura frente a la prensa: se restringió el acceso de periodistas acreditados de algunos de los medios mencionados y se instaló públicamente la hipótesis de una “red de influencia extranjera” operando en el país. En ese contexto, Ámbito fue señalado dentro del debate público instalado por el gobierno nacional y le fue cancelado las acreditaciones periodísticas a Casa Rosada.
Sin embargo, el portal argentino creado por el fallecido editor Julio Ramos difundió un mail de Diana Cariboni, vinculada a openDemocracy, en el que “en ningún lugar de nuestro artículo acusamos a Ámbito, ni a ningún otro medio, de haber recibido dinero de Rusia para desinformar o desacreditar al gobierno”. “Consideramos que el extenso comunicado excede el ejercicio de derecho de respuesta o réplica”, aseguró Cariboni en el escrito dado a conocer y agregó que “es posible, también, que estos montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién”.
Posteriormente, Gabriel Morini de Ámbito (antes llamado Ámbito Financiero) escribió una nota explicando como fue el contacto vía correos entre el medio argentino y el consorcio europeo para la rectificación debida y las instancias judiciales planteadas. "Ámbito no recibió pagos de una potencia extranjera, no fue participado de la prueba, no formó parte de ninguna campaña, no publicó ninguna fake news, no se le dio derecho a réplica en tiempo y forma. El consorcio lo reconoce. Tarde y mal", cerró Morini en su articulo.
Más allá del caso puntual, pero dentro de este contexto, dirigentes libertarios salieron a respaldar explícitamente la idea de que existía una articulación entre periodistas y operaciones de inteligencia extranjeras. En declaraciones públicas y en redes sociales, el presidente sostuvo que se trataba de una campaña para desestabilizar su gobierno y desacreditar su figura. En esa línea, llegó a plantear que ciertos sectores del periodismo actuaban como instrumentos de intereses externos.
Pero el caso presenta matices importantes. Si bien los documentos filtrados y la investigación de openDemocracy describen una supuesta operación real de influencia rusa, no prueban de manera concluyente que los medios argentinos hayan actuado como agentes de espionaje. En síntesis, el resultado fue una de las mayores crisis recientes en la relación entre el gobierno de Milei y el periodismo, atravesada por denuncias de espionaje, restricciones a la prensa y un clima creciente de confrontación institucional.
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