En el cruce de Justo Daract, en la provincia de San Luis, Máximo Kirchner viajaba en su propio auto rumbo a San Juan, donde tenía previsto desarrollar una agenda política, cuando fue detenido durante un control. El diputado nacional fue demorado durante casi dos horas en un control vehicular a bordo de su camioneta Honda CR-V. El procedimiento ocurrió el miércoles 30 de septiembre, sobre la Ruta Nacional 7, cuando las lectoras del denominado Anillo Digital Federal detectaron la patente del vehículo y activaron una alerta por un oficio judicial relacionado con la causa Hotesur.
Según el parte de la Policía de San Luis, la orden que apareció en los registros correspondía a un oficio firmado en febrero de 2019 por el entonces juez federal Julián Ercolini, dentro del expediente 11.352/2014, caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ infracción artículo 303 del Código Penal”. La particularidad central del caso fue que la orden existió efectivamente, pero ya no estaba vigente. Según la reconstrucción, la Policía puntana recibió la alerta de una disposición judicial antigua que permanecía cargada en el sistema y los agentes debieron detener preventivamente la marcha mientras consultaban a la Justicia Federal para establecer si el requerimiento continuaba activo. Una vez confirmada la situación, se dispuso que Kirchner continuara viaje en el mismo vehículo. Durante el procedimiento también se le realizó un control de alcoholemia, que dio negativo.
Después del episodio, el legislador difundió un comunicado en el que explicó que se trataba del vehículo que utiliza habitualmente, un modelo 2007, y que había circulado con él anteriormente por la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas bonaerenses, La Rioja y Mar del Plata sin inconvenientes. También cuestionó la situación y sostuvo que, a su entender, el procedimiento formaba parte de un intento de “disciplinamiento”.
La relación del vehículo con Hotesur tiene su origen en una orden de secuestro dictada años atrás. En aquel momento, Ercolini había dispuesto retener distintos vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otras personas y sociedades investigadas. La documentación judicial incorporaba la Honda CR-V del fundador de La Cámpora a ese listado, pero la medida que afectaba específicamente a ese vehículo había perdido vigencia.
El trasfondo patrimonial es considerablemente más amplio que la camioneta. La declaración jurada correspondiente a 2025 presentada por Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción registra un patrimonio total de aproximadamente $11.085 millones al cierre de ese ejercicio, frente a $8.311,6 millones declarados al finalizar 2024. El incremento nominal fue de unos $2.773 millones, equivalente al 33,4%, y el propio diputado atribuyó mayoritariamente esa variación a la actualización de las valuaciones de inmuebles y otros activos conforme a los criterios fiscales.
Dentro de ese patrimonio aparecen dos participaciones societarias directamente relacionadas con las investigaciones Hotesur y Los Sauces. Máximo Kirchner declaró el 50% de Hotesur S.A., valuado al cierre de 2025 en aproximadamente $1.428,7 millones, y el 55% de Los Sauces S.A., valuado en alrededor de $1.853,7 millones. Ambas participaciones fueron declaradas con origen en una herencia. También conserva una participación del 55% en CO.MA. S.A., aunque esta última sociedad no constituye el núcleo de la acusación de Hotesur-Los Sauces.
Hotesur tiene una particularidad importante: los inmuebles que aparecen actualmente afectados por medidas cautelares no están necesariamente inscriptos a nombre personal de Máximo Kirchner, sino que pertenecen a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., cuyas acciones sí forman parte del patrimonio declarado por él y por Florencia Kirchner. En agosto de este año, el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó el embargo preventivo de 13 inmuebles pertenecientes a Hotesur y Los Sauces, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena dictada en Vialidad contra Cristina Kirchner.
El listado incluye el departamento de San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria la expresidenta; un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el complejo Madero Center; el Hotel La Aldea del Chaltén; y propiedades situadas en El Calafate y Río Gallegos. En el caso del complejo Madero Center, el conjunto alcanzado por las medidas comprende varias unidades y cocheras, mientras que en Santa Cruz aparecen propiedades vinculadas al patrimonio histórico de las sociedades familiares. Entre ellas se encuentra el Hotel La Aldea, en El Chaltén, además de inmuebles en El Calafate y Río Gallegos. El tribunal justificó la medida cautelar señalando que esos activos debían quedar preservados frente al eventual decomiso destinado a cumplir la condena económica derivada de Vialidad.
En paralelo, la declaración jurada personal de Máximo Kirchner informa 27 inmuebles ubicados principalmente en El Calafate y Río Gallegos, además de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. De esos 27 bienes, según el análisis del portal periodistico Chequeado sobre la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, 19 están alcanzados por la orden de decomiso dictada en el marco de Vialidad. En dos de esos inmuebles figura como propietario del 100%; los restantes fueron declarados en porcentajes vinculados con la herencia familiar.
Sin embargo, la orden que alcanza a 19 de los 27 inmuebles personales del hijo de la expresidenta deriva de la ejecución del decomiso establecido en la causa Vialidad, no de una condena dictada contra él en Hotesur. De hecho, tanto Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en Vialidad, pero el Tribunal Oral Federal N°2 avanzó cautelarmente sobre determinados bienes de las sociedades familiares para garantizar el eventual cumplimiento del decomiso impuesto a otros condenados.
La disputa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. En septiembre, Casación rechazó un recurso de queja de los hermanos Kirchner contra el embargo preventivo de los 13 inmuebles de Hotesur y Los Sauces, por lo que esa medida quedó vigente. Sin embargo, el 30 de septiembre el Tribunal Oral Federal N°2 concedió un nuevo recurso para que los hijos de Néstor Kirchner puedan llevar ante Casación sus cuestionamientos contra las medidas vinculadas con el decomiso. Sus defensas sostienen, entre otros argumentos, que las medidas desconocen la personalidad jurídica diferenciada de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
En cuanto a la causa Hotesur en sentido estricto, el expediente nació en 2014 a partir de cuestionamientos sobre la situación societaria de Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate. El expediente tuvo un recorrido particularmente extenso. En 2021, el Tribunal Oral Federal N°5 había sobreseído a los imputados, pero esa decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación en 2023. La defensa recurrió ante la Corte Suprema, que a fines de 2024 rechazó el planteo y dejó habilitado el avance hacia el juicio oral. Por lo tanto, el proceso no terminó con aquellos sobreseimientos y actualmente se encuentra encaminado hacia el debate público.
El Tribunal Oral Federal N°5 fijó inicialmente el 19 de marzo de 2027 como fecha de comienzo del juicio oral por Hotesur. Allí serán juzgados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros acusados. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por una decisión de Casación que adquirió firmeza.
Al mismo tiempo, el patrimonio del diputado permanece atravesado por dos frentes judiciales diferentes: por un lado, el juicio Hotesur, que tiene fecha prevista para marzo de 2027 pero cuyo desdoblamiento está siendo discutido ante Casación; y por otro, las medidas patrimoniales derivadas de Vialidad, que alcanzan tanto inmuebles personales de Máximo como bienes de las sociedades Hotesur y Los Sauces y que continúan bajo discusión judicial.
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