El viaje de Manuel Adorni a Nueva York en marzo de este año, en el marco de la llamada “Argentina Week”, se convirtió en el primer detonante de una cadena de investigaciones judiciales y revelaciones periodísticas que hoy lo mantienen bajo sospecha por presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. La polémica se inició cuando se conoció que el funcionario integró a la comitiva oficial a su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa ningún cargo en el Estado, y que viajó junto a él en el avión presidencial que trasladó al presidente Javier Milei a Estados Unidos.
El vuelo de ida se realizó a comienzos de ese mes, con la comitiva oficial rumbo a ciudad norteamericana para participar de reuniones con inversores y actividades de promoción económica. La controversia surgió porque la inclusión de Angeletti en ese traslado contradecía el propio decreto impulsado por el gobierno que restringía el uso de aeronaves oficiales a funciones estrictamente públicas. Según explicó el propio Adorni, su esposa lo acompañó porque él iba a “deslomarse” durante la gira y quería tener a su “compañera de vida” cerca, una frase que utilizó para justificar una decisión que generó críticas políticas y pedidos de informes en el Congreso.
La estadía en Nueva York se extendió aproximadamente una semana, en coincidencia con el desarrollo de la “Argentina Week”, tras lo cual el regreso se produjo el 14 de marzo de 2026. A diferencia del vuelo de ida, el retorno no se realizó en aeronave oficial sino en un vuelo comercial de la aerolínea Delta (tramo JFK–Ezeiza, vuelo DL115), que despegó a las 22:25 desde el aeropuerto John F. Kennedy y aterrizó en Buenos Aires a las 10:15 del día siguiente, sin escalas.
La operatoria de ese regreso, a través del operador de servicios turísticos Optar, es uno de los puntos más sensibles del expediente judicial. Los pasajes fueron emitidos en fechas distintas —24 y 25 de febrero— y en primera clase. El ticket de Adorni, sin equipaje, costó casi 5.000 dólares y estaba asociado a una cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que el de Angeletti, con dos valijas, ascendió a 5.154,55 dólares. En conjunto, el regreso superó los 10.000 dólares.
La investigación judicial está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si los gastos del viaje —tanto el traslado como la estadía— son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno, o si forman parte de un esquema de enriquecimiento no justificado. El expediente también analiza si hubo uso indebido de bienes del Estado y si la inclusión de Angeletti en la comitiva implicó un beneficio personal financiado directa o indirectamente con recursos públicos.
El caso tomó mayor dimensión al conocerse que este viaje no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de otras revelaciones sobre gastos elevados, vuelos privados y operaciones inmobiliarias que no se corresponderían con el salario del funcionario. En ese contexto, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa para reconstruir su situación patrimonial y verificar la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y adquisiciones.
En medio del escándalo, Adorni intentó defenderse públicamente y en entrevistas periodísticas, entre ellas una con el periodista Eduardo Feinmann. Allí sostuvo que no existió irregularidad en el viaje y que los gastos personales fueron afrontados con recursos propios. En línea con sus declaraciones públicas, insistió en que “no tengo nada que esconder” y que su situación patrimonial será aclarada ante la Justicia, al tiempo que atribuyó las denuncias a una “operación política y mediática”. También defendió la presencia de su esposa señalando que se trató de una decisión personal sin impacto indebido en el erario público.
Sin embargo, la falta de precisiones sobre quién financió completamente el viaje, sumada a la utilización parcial de recursos oficiales y a los costos elevados —especialmente los más de 10.000 dólares del regreso—, consolidaron el caso como uno de los principales focos de investigación sobre la conducta patrimonial del jefe de Gabinete. A semanas del episodio, el viaje a Nueva York continúa siendo el eje de una causa judicial que intenta determinar si se trató de un uso discrecional de fondos públicos o de una operatoria más amplia incompatible con los ingresos declarados del funcionario.
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