Cada tanto, Cristina Kirchner elige un juez para apuntar todos sus cañones y convertirlo foco de críticas y escritos que buscan descalificarlo. En el pasado esos objetivos fueron el fallecido Claudio Bonadio, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y en el último tiempo los jueces del Tribunal que la juzga por la Causa Vialidad: Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. A todos, por diferentes motivos, los tuvo entre ceja y ceja. Ahora le tocó el turno a María Eugenia Capuchetti, la titular del Juzgado Federal Nº 5, que tiene a su cargo la investigación del intento de asesinato contra la vicepresidenta.
El pasado 14 de noviembre, Cristina Kirchner recusó a la jueza en duros términos porque, según su escrito, la causa está paralizada.
Ascenso. María Eugenia Capuchetti fue elegida jueza federal en el 2019, luego de concursar por el juzgado que había pertenecido a Norberto Oyarbide hasta el 2016, cuando renunció.
Por aquellos años del macrismo, la selección de jueces federales estaba a cargo de una “mesa judicial” de la que participaba el asesor presidencial José Torello, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, el ministro de Justicia Germán Garavano y, aunque parezca insólito, el entonces presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, tal vez el más influyente en la Justicia de toda esa mesa.
Capuchetti tiene una amistad de muchos años con Cristian Ritondo. Lo conoció en 1998, cuando el actual diputado PRO era subsecretario de Seguridad durante el gobierno de Carlos Menem. En aquel entonces, Ritondo había trabado una buena relación con Carlos Alberto Capuchetti, el padre de la jueza, que por entonces era comisario de la Policía Federal. Capuchetti tenía 26 años y ya trabaja en la Justicia federal.
En el 2019, quedó en la terna para ocupar el Juzgado Federal Nº 5. Sus competidores eran Juan Tomás Rodríguez Ponte y Agustina Rodríguez, pero la mala suerte de ellos jugó a favor de Capuchetti. Rodríguez Ponte estaba a cargo de la oficina de escuchas y había sido secretario del juzgado de Ariel Lijo, con lo que su padrino era el propio juez. Agustina Rodríguez era una magistrada vinculada a Justicia Legítima. Es decir que cuando llegaron los pliegos al despacho de Macri, Capuchetti era la que más chances tenía, porque por aquellos años la relación de Lijo con el Gobierno estaba en su peor momento, y Agustina Rodríguez, por su pertenencia K, no tenía ninguna chance de que el entonces presidente la propusiera.
Capuchetti había trabajado en el área de Relaciones Institucionales de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Germán Garavano y Martín Ocampo. Ya era una conocida del universo judicial del PRO.
En el escrito de recusación, Cristina Kirchner la acusó de tener “relaciones indebidas con la AFI macrista”, pero nunca aclaró a qué se refería. El vínculo más cercano de Capuchetti con la AFI no nació con el macrismo. Su hermana María Cecilia entró en el 2000 a trabajar al área de Contrainteligencia, que manejaba Antonio “Jaime” Stiuso, que tenía buena relación con Capuchetti padre. La hermana de la jueza fue dada de baja en junio del 2020 por el actual jefe de Contrainteligencia, el camporista Esteban Carella, que ganó la pulseada contra Cristina Caamaño y se quedó en el organismo, mientras que ella se tuvo que ir.
Capuchetti tiene a su favor que es una jueza del sistema. Tiene trayectoria en Comodoro Py y vínculos con la política, por lo que sacarla del medio será difícil para Cristina. En el 2020, una de sus primeras resoluciones resonantes fue archivar la causa de enriquecimiento de CFK, que todavía tenía algunos expedientes remanentes en el viejo juzgado de Oyarbide.
El día de su entrevista en el Congreso, el senador cordobés Enrique Martínez hizo un comentario sobre el desembarco de Capuchetti en Comodoro Py, creyendo que el micrófono estaba apagado. “Está absolutamente en bolas”, dijo. Aunque no le tenía fe, ella llegó muy lejos.
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