Sergio Schoklender declaró esta semana en el juicio oral de la causa Sueños Compartidos y dejó una bomba: según su testimonio, el exministro Aníbal Fernández habría financiado, a través de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, un esquema de denuncias judiciales fabricadas contra el PRO. El encargado habría sido el abogado cordobés Eduardo Barcesat, quien convenció a Hebe de Bonafini de armar un centro de investigación con un único fin: "hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO", según dijo.
Mauricio Macri no desaprovechó el momento. El mismo día en que se conoció el testimonio, el expresidente convocó a dirigentes provinciales del partido para reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y habló ante la prensa. "Fueron muy duros en la Ciudad y después en la Nación. Ocho años de un ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase", planteó, en una lectura directa del caso Schoklender como confirmación de lo que el PRO siempre denunció: una estrategia de lawfare al revés, armada desde el poder kirchnerista.
Consultado sobre si el gobierno de Milei enfrenta una oposición similar, fue optimista: "Están mucho más débiles, están desarmados. La justicia actuó y eso hace que no estén articulados. No es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019". Sobre Patricia Bullrich, fue escueto: "Ella está en La Libertad Avanza".
El encuentro en la sede del PRO en Balcarce 412 tuvo como telón de fondo la proyección electoral de cara a 2027. Macri viene de reunirse en los últimos 37 días con los gobernadores Zdero, Valdés, Cornejo y Llaryora —este último peronista, y sin foto pública—, y en su círculo admiten que "puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, que es el enemigo". El objetivo del partido: tener candidatos propios en las 150 ciudades más grandes del país y cubrir más del 70% del electorado nacional. Las definiciones sobre si Macri encabezará la boleta llegarán, dicen, después del Mundial.
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