Jueves 29 de septiembre, 2022

POLíTICA | 31-08-2022 10:21

Qué dice la Constitución sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Cristina Kirchner cuestionó “el funcionamiento jurisdiccional” porteño y despertó la respuesta de decenas de dirigentes de Juntos por el Cambio.

La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además creo que esta Ciudad es de todos los argentinos”, apuntó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llamó a “replantear el funcionamiento jurisdiccional” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro con senadores y diputados del Frente de Todos que tuvo lugar en el Salón Azul del Senado de la Nación.

Decenas de dirigentes de Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta a María Eugenia Vidal , salieron al cruce. Y remarcaron el artículo 129 de la Constitución reformada de 1994, en el que se lee: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”.

Y agrega: “Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.

Cristina Kirchner

A partir de la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tomó el status de "ciudad constitucional federada", una posición jurídica no asimilable con la de los municipios de provincia ni con la de las provincias, más allá de que comparta algunas de sus características. 

Hasta 1994, la entonces Capital Federal era la única ciudad cuyos habitantes no tenían derecho a elegir a sus gobernantes. “El Poder Ejecutivo lo ejercía un intendente designado por el presidente de la Nación, el Poder Legislativo era el Congreso Nacional, que sólo había delegado algunas atribuciones en el Concejo Deliberante, y la Justicia era nacional”, escribe José Pedro Bustos en su proyecto de Ley de Garantías Ciudad de Buenos Aires.

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Como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución de 1994, e invocando la atribución referida al Congreso Nacional, se sancionó en 1995 la ley 24.588, conocida con el nombre de “Ley Cafiero”, en alusión a su mentor, Antonio Cafiero, entonces senador nacional que impulsó el controvertido proyecto.

Así, el Congreso limitó los alcances de la autonomía que la Constitución Nacional reformada en 1994 había otorgado a la Ciudad de Buenos Aires: impidió la creación de una policía propia en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la seguridad armada siguió a cargo del Ministerio del Interior. Y limitó a la Justicia porteña, la administración y el código del puerto de Buenos Aires, la regulación del transporte y los servicios públicos, y el Registro de la Propiedad Inmueble.

Antonio Cafiero.

Cuestionada justamente por su contitucionalidad, la “Ley Cafiero” reconoce en su artículo 4º: “El Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires se regirá por las instituciones locales que establezca el Estatuto Organizativo que se dicte al efecto. Su jefe de Gobierno, sus legisladores y demás funcionarios serán elegidos o designados sin intervención del Gobierno nacional”.

Y agrega en su artículo 7: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

El 1° de Octubre de 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, punto de partida para la concreción de la autonomía de la Ciudad, que se construyó a partir de la elección por el voto directo del primer Jefe de Gobierno y de su Legislatura. Y la autonomía le permitió a la Ciudad elegir autoridades, sancionar leyes, contar con un sistema de justicia propio, y finalmente con policía propia.

Los cambios a la "Ley Cafiero" fueron motivo de una cumbre en 2007 entre Néstor Kirchner y Mauricio Macri, en la que el entonces presidente prometió al Jefe de Gobierno, impulsar cambios en la norma que tiendan a profundizar la autonomía porteña. Las trabas se planteaban entonces en lo económico: la Constitución exige que las transferencias incluyan el presupuesto correspondiente, y los legisladores del interior se opusieron al traspaso, que llegaría con Macri presidente.

En 2012, con Cristina Kirchner como presidenta, se produjo la transferencia de la gestión del subte, un reconocimiento a la autonomía de la Ciudad. La transferencia de la policía de manera parcial se llevó adelante en 2016. Y en 2017 se firmaron, entre Macri y Larreta, convenios de transferencia de competencias en inspección general de justicia, registro de la propiedad inmueble, justicia nacional y algunos órganos de justicia penal.

En 2018 la Ciudad sancionó el Código Electoral que organizó el proceso porteño a través de la creación del Instituto de Gestión Electoral, e instalo la paridad de género, la posibilidad unificar los comicios locales con los nacionales, y los debates previos entre candidatos.

por R.N.

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