La Junta Militar había dejado en claro al cuerpo episcopal que se avanzaría con toda determinación para erradicar la violencia. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir manteniendo la mentira, comenzó a utilizar el argumento de que la violencia respondía a actos que estaban por fuera de su órbita de control. Así abrieron un juego de idas y vueltas que servía para distraer la atención a la vez que mantenía a la jerarquía de la Iglesia en un confuso diálogo con el gobierno.
El conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo no era homogéneo entre los obispos. Algunos tenían una posición de mayor poder y mayor llegada a los comandantes: el vicario castrense, Adolfo Tortolo; el presidente de la CEA, Raúl Primatesta, y sus colaboradores en la Comisión Ejecutiva, Zazpe y Aramburu; los miembros de la Comisión de Enlace Justo Laguna y Carlos Galán, luego también el obispo Espósito como parte de ella y el nuncio apostólico Pio Laghi, entre otros.
Otros tenían un acceso más limitado y por tanto una influencia menor, tal el caso de la mayor parte de los obispos argentinos. Independientemente de estas posiciones respecto al centro del poder nacional, todos tenían en mayor o menor medida un conocimiento de detenciones arbitrarias, secuestros, tortura y desapariciones, en particular porque desde todas partes se recurría a la Iglesia para que esta interviniese. Y muchos de ellos tuvieron intervenciones e involucramiento en sus respectivas diócesis y/o por lazos con organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Videla desempeñó un rol fundamental en esta relación pues era visto por muchos eclesiásticos como un católico ejemplar y un militar moderado con quien no solo se podía dialogar, sino también se tenía el convencimiento de que se lo podía influenciar, cuando no convencer, si la palabra o el consejo viniera desde la Iglesia. Así lo señalaba, por ejemplo, Tortolo: “Como militar es de primera, como católico es extraordinariamente sincero y leal a su fe […] al igual que los míos, los principios que rigen la conducta del general Videla son los de la moral cristiana”. También el nuncio Pio Laghi y el asesor para los asuntos argentinos en el Vaticano, Fiorello Cavalli, lo consideraban como “católico” y militar “moderado”. Pero ¿cuál sería la actitud y la estrategia del gobierno de facto frente a los planteos de la Iglesia ahora que algunos de los métodos eran evidentes?
Secuelas no deseadas
Hay un momento bisagra en la percepción de la Iglesia argentina respecto de lo que estaba ocurriendo en el país: el crimen de los palotinos. En la madrugada del 4 de julio de 1976 los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, pertenecientes a la Sociedad de Apostolado Católico (palotinos), fueron asesinados en la casa parroquial de la iglesia San Patricio, en la ciudad de Buenos Aires.
Este golpe a la Iglesia movilizó a sus autoridades de forma decidida. Laghi intervino rápidamente y avisó a la Santa Sede de que “en la noche pasada un grupo de terroristas entró en la casa parroquial de San Patricio, Arquidiócesis de Buenos Aires, asesinó a tres sacerdotes palotinos y a dos jóvenes estudiantes religiosos”. El mismo día Laghi y Aramburu, arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente de la CEA, se hicieron presentes en la escena del crimen. Aramburu le aseguró a Laghi que tenía fundados indicios sobre la identidad de los terroristas, y que no eran precisamente grupos de izquierdas como Montoneros o el ERP, sino escuadrones paramilitares o parapoliciales que actuaban al margen de la ley, que salían de noche a ajusticiar a quienes consideraban peligrosos “para la patria y también, absurdamente, para la religión”. El cardenal Aramburu mantuvo un encuentro el mismo 4 de julio con el ministro del Interior y luego el 7 de julio con Videla y los otros dos miembros de la Junta Militar y se había expresado con firmeza ante la permisividad del gobierno con los grupos paramilitares o policiales, informó el nuncio.
En la Santa Sede la masacre perpetrada produjo de inmediato una serie de acciones. Por lo pronto se puso al tanto al papa Pablo VI. La Secretaría de Estado dirigió de inmediato una nota exigiendo explicaciones a la Embajada argentina ante la Santa Sede: “La misma Secretaría de Estado, no teniendo ningún indicio o motivación acerca de tamaño estrago mortal, ruega a la Embajada de la República Argentina tenga a bien dar alguna aclaración o proporcionar datos que expliquen los hechos ocurridos”. De la Embajada respondieron que “solo pueden ser responsables de un crimen tan odioso, aquellos que con una mente enferma se hayan entregado a los estragos y a las tortuosidades propias del terrorismo” y manifestaron que se estaban llevando adelante todas las investigaciones necesarias, cuyos resultados serían oportunamente transmitidos a la Santa Sede. La nota expresó finalmente que “mi gobierno desea sean del mismo modo hechas llegar a la augusta presencia de su Santidad, el papa Pablo VI, a quien el gobierno y el Pueblo argentinos renuevan constantemente sus votos de adhesión y admiración filial”.
La Santa Sede no salía de su asombro respecto al elevado número de eclesiásticos asesinados en los últimos dos años en Argentina. Llamaba la atención que la sangre de estos ministros de la Iglesia se derramara bajo un gobierno que profesaba el humanismo cristiano en un país católico. La Santa Sede pensaba que los autores de estos últimos crímenes podían ser elementos de extrema derecha. Es notable que para ese entonces ya relacionara el crimen de los palotinos con las demás muertes y, sobre todo, con la desaparición de personas. Sin embargo, en esta fase inicial el Vaticano todavía excluía la idea de que “en la furia manifestada en tantos crímenes de la ultraderecha [exista] una responsabilidad directa de la Junta y del gobierno, y esto parece claramente surgir también de la carta que la Comisión Ejecutiva del episcopado le ha dirigido”. La Santa Sede todavía tenía la impresión, como puede verse también sostenida por la visión del episcopado argentino respecto del asunto, de que la Junta Militar no podía controlar la violencia en el país y que tanto grupos terroristas de un signo o de otro continuaban operando impunemente. Además, creía que el mismo Videla no había logrado todavía ver cuál era el camino justo para poner fin a los abusos cada vez más graves y numerosos, y aún en el caso de que lo hubiera encontrado, le había faltado, al menos, la fuerza o la posibilidad de realizarlo.
El crimen de los palotinos motivó a la Comisión Ejecutiva de la CEA enviar una carta a la Junta Militar. La misiva, fechada el 7 de julio de 1976, más que solicitar explicaciones al gobierno –como lo había hecho la Secretaría de Estado frente a la Embajada argentina–, se mantuvo nuevamente en el tono de manifestar la preocupación por el aumento de la violencia. Los obispos les expresaron a Videla, Massera y Agosti: “No podemos ni queremos hacer solo hincapié en aquel luctuoso crimen, porque además todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa y ello causa en nuestro pueblo inquietud y desasosiego”. Los obispos planteaban el problema de la violen- cia, aunque no interpelaban directamente a la Junta: “nos preguntamos, o mejor dicho, las gentes se preguntan, a veces solo en la intimidad de su hogar o del círculo de amigos –porque el temor también cunde–, qué significa todo esto; qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad. También surge la pregunta: ¿qué garantía, qué derecho queda al ciudadano común?”.
Por otra parte, el 13 de julio de 1976, también Pio Laghi, motivado por el crimen de la comunidad palotina, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Harguindeguy, en la Casa Rosada para pedirle explicaciones al respecto. El ministro señaló al nuncio que se estaba llevando adelante una investigación para poder identificar a los autores y se mostró consternado por el crimen: “El lamentable hecho ha producido al país un daño incalculable”. Tal vez estaba haciendo referencia a que un crimen de estas características contra miembros de la Iglesia ponía en jaque la confianza de los obispos y de la misma Santa Sede hacia el régimen. El ministro manifestó cuál era su impresión respecto de los responsables: “La mano asesina podría ser de extrema derecha”. A continuación, le informó de los pasos que había dado: “He dado orden al Alto Comando de la Policía de hacer todo esfuerzo sobre el hecho, para poder ‘limpiar o rescatar la imagen misma del cuerpo’. […] Estaba de acuerdo con él en que es necesario desarmar a todos los grupos que obran fuera de la ley”.
En esa ocasión Laghi presentó al ministro por primera vez una lista de personas detenidas, secuestradas o desaparecidas. Esta iniciativa del nuncio se convirtió pronto en una rutina mensual. Entre 1976 y 1982 desde la Nunciatura se presentaron formalmente al gobierno al menos ochenta listas de este tipo intercediendo por más de tres mil víctimas. Las listas se armaban a partir de las solicitudes de los familiares o allegados de las víctimas que recurrían a la Nunciatura o a la Santa Sede.
La situación, que parecía haber alcanzado un límite con la masacre en la comunidad palotina, se complicó aún más con el secuestro, la tortura y el asesinato de dos sacerdotes en Chamical, el 18 de julio de 1976: el misionero francés Gabriel Longueville y el franciscano conventual argentino Carlos de Dios Murias. El ministro del Interior emitió un comunicado sobre lo sucedido en el que expresaba que “la violencia desenfrenada […] busca nuevamente como en el caso del asesinato de los sacerdotes palotinos de la iglesia de San Patricio […] deteriorar no solo el proceso de reorganización nacional sino también la imagen del país en el exterior por medio de estos episodios irracionales que contrastan abiertamente con el espíritu cristiano de nuestro pueblo”.
Pio Laghi informó al Vaticano que “la violencia criminal volvió a atacar a la Iglesia”. Enterado del asesinato de los sacerdotes de Chamical, el mismo Pablo VI pidió expresamente a la Secretaría de Estado ser informado sobre las novedades relacionadas con el crimen de los palotinos, el estado actual de la investigación y los cursos de acción que se habían seguido hasta el momento, saliendo de esta forma del más corriente ritmo de consultas e informaciones acostumbradas en las oficinas de la Santa Sede. En el Vaticano se creía que se trataba de “escuadrones de la muerte” que gozaban de cierta complicidad permisiva de las autoridades de gobierno, provinciales o nacionales. El periódico vaticano “L’Osservatore Romano” también le dio visibilidad a la noticia. Pablo VI mandó un telegrama al presidente de la CEA, Primatesta, expresando su “enérgica repulsa por execrables crímenes que contradicen espíritu civil y cristiano pueblo argentino y mientras ofrece fervientes”.
El mismo día de la sepultura de los dos sacerdotes de Chamical, el 22 de julio, Videla se reunió con Primatesta, Zazpe, Aramburu y Galán en la Casa Rosada. Videla había expresado que tanto él como los otros miembros de la Junta Militar compartían todo lo que la Comisión Ejecutiva había expresado en aquella carta motivada por el crimen de los palotinos. En relación con los asesinatos en Chamical, Videla había dicho que “quisiera dejar en los obispos la convicción de que el gobierno intenta por todos los medios a su alcance que estos hechos no se repitan, espera lograrlo”. Luego leyó unos informes a los obispos de acuerdo a los cuales ese crimen habría sido cometido por grupos izquierdistas que “querían provocar disensiones entre la Iglesia y el gobierno, aprovechando de la circunstancia de la relación tensa entre las autoridades del destacamento de aviación en La Rioja y el señor obispo de aquella diócesis, para hacer caer la culpa del crimen en la fuerza aérea”.
Seguidamente Primatesta le expresó a Videla que “también los obispos tienen conciencia de que se quiere provocar un conflicto entre la Iglesia y el Estado en el que nadie ganaría nada”, pero hizo ver que la situación tenía diversos aspectos y que había grupos de carácter “derechista” que parecían gozar de algún favor de alguna autoridad, no obstante eso significara que se trataba de una conducta “antijerárquica”, aunque no dejó lugar a una posible conexión entre el gobierno y estos crímenes. Seguidamente se manifestó dolido por las muertes y afirmó que “su sangre podría servir ante Dios para la pacificación”, pero que la Iglesia se sentía en el deber de hacerse portavoz de tantos que se le presentan pidiendo por sus parientes presos o desaparecidos, sobre los cuales se quiere tener alguna información: “No es posible que no se pueda saber qué es de los detenidos, o si lo han sido de verdad”. El presidente de la república manifestó estar de acuerdo con la presentación de los obispos y les entregó una carta. En ella manifestaba: “Estamos [Videla, Massera y Agosti] empeñados en erradicar definitivamente del panorama social argentino, toda manifestación de violencia que pretenda convulsionar la vida argentina y en proporcionar a todos los habitantes e instituciones de la república la seguridad que resulta indispensable para su realización plena en un marco de orden y respeto mutuo”. La Junta Militar se mostraba conmovida y manifestaba los mismos deseos que los obispos. En la carta se citaba incluso uno de los últimos documentos de los obispos: “El bien común y los derechos humanos son permanentes, inalienables, y valen en todo tiempo y espacio concreto, sin que ninguna emergencia, por aguda que sea, autorice a ignorarlos, pero la forma de vivirlos es distinta, según las variaciones de lugar y momentos históricos en el cual se ejercen. […] En tales condiciones no podemos razonablemente pretender un goce del bien común, un ejercicio pleno de los derechos, como en época de abundancia y de paz”. Tanto Aramburu como Primatesta –este último de manera enfática– indicaron el deseo de los obispos de servir a la patria y a la Iglesia.
Por otra parte, el nuncio informó de estos encuentros al Vaticano. El cardenal secretario de Estado, Jean-Marie Villot, se refirió al crimen de los sacerdotes Murias y Longueville como “un delito que ofende a la humanidad y al alma católica del pueblo argentino”. Pablo VI hizo llegar sus condolencias al episcopado argentino, al obispo de La Rioja y a toda la diócesis. Villot solicitó al nuncio que, valiéndose de los contactos a alto nivel que tenía, insistiera debidamente con los reclamos para que se procediera a dar fin a la impunidad que hasta ahora había cubierto esta serie de crímenes, para que terminaran las violaciones a los derechos humanos, sobre todo a los presos políticos y a los ciudadanos de otros países que habían buscado refugio en la Argentina.
Poco después de esta comunicación, el 27 de agosto de 1976, Laghi mantuvo un encuentro confidencial con el presidente de la república, Videla, en el edificio Libertador, sede del comando en jefe del Ejército. Laghi le manifestó la preocupación de la Santa Sede, en especial por la “eliminación sumaria de personas” como en el caso ocurrido algunos días antes de ese encuentro, en la localidad de El Pilar, donde se habían encontrado los cadáveres de treinta personas, asesinados por venganza, según destacó el nuncio. Videla se mostró visiblemente apenado por esa situación, manifestó su total repudio y le aseguró que había dado la orden de encontrar a los culpables a cualquier costo. Laghi también hizo referencias a los brutales “allanamientos” que realizaban agentes no siempre identificados como miembros de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas. Videla declaró al nuncio: “No he buscado este puesto y si pudiera abandonarlo, lo haría; pero cumplo con mi deber, convencido de hacer un acto de obediencia a la voluntad del Señor”.
La escucha y el trato cordial ofrecido por Videla al nuncio evidentemente contribuían a distraer la atención respecto a los verdaderos responsables de esta violencia. Un juego que los altos mandos desplegaron con eficiencia frente a la Iglesia. Luego de esta reunión, el nuncio explicó al Vaticano: “La impresión que me dio Videla es de un hombre muy bien intencionado, que se da cuenta de los graves problemas que ha sido llamado a resolver, pero no quiere usar la mano del déspota, porque conduciría a un efecto contrario; él, sin ninguna ambición de poder, ha puesto sobre sus espaldas una pesada cruz: la sufre, pero tiene la firme determinación de llevar adelante el proceso iniciado en el país el 24 de marzo, por el bien del país”. Y concluyó: “Si hace dos meses firmaba veinte decretos de arresto y dos de puesta en libertad, ahora la proporción es inversa”.
Fundadas esperanzas
Los obispos fueron conscientes de que las explicaciones brindadas ya sea por la Junta Militar, en particular por Videla, o bien por el ministro Harguindeguy según las cuales se tomarían medidas para restablecer la paz en el país no habían traído ningún resultado en concreto. Es más, cada vez se registraban más secuestros, detenciones ilegales, denuncias de tortura y desapariciones. Los obispos Primatesta, Aramburu y Zazpe, es decir, la Comisión Ejecutiva del episcopado argentino, se reunieron con Videla, Massera y Agosti, los tres miembros de la Junta Militar, el 15 de septiembre de 1976 en el Comando General de la Armada para expresarles que tenían conocimiento de las violaciones a los derechos humanos: “El gobierno conoce muchas situaciones a través de la información que tiene a través de sus propios organismos, pero le hicimos notar que la Iglesia tiene otros medios de información: la propia de la relación de los fieles e incluso a través de personal de las Fuerzas Armadas que tienen sus cuestionamientos”. Esta última referencia puede indicarnos que el vicario castrense, Adolfo Tortolo, pudo haber compartido informaciones a los obispos respecto a los métodos que referían los capellanes militares. Por estas razones señalaban que “al principio lo hemos visto con esperanza [al proceso], pero al cabo de seis meses debemos manifestar que sin dejar de valorar lo realizado, se apuntan algunas reservas importantes”. Los obispos hacían referencia al tema de los derechos humanos y sobre todo a las desapariciones. Inclusive refirieron que tenían conocimiento de que en algunas ocasiones una persona desaparecía porque se había hecho una simple denuncia anónima en su contra. Su impresión era que había abusos de poder y que, si bien el gobierno se esforzaba en restablecer la paz, notaban que había una cierta falta de autoridad en el gobierno, que no era capaz de controlar esos excesos. Sin embargo, expresaron a la Junta su consternación, “¿Qué se pretende de la Iglesia?”, en el sentido de que no podían dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco querían manifestarse como beligerantes con el gobierno por el temor a debilitarlo. ¿Acaso debía aceptarse el mal menor de las violaciones a los derechos humanos para im- pedir que el comunismo tomara el poder? Los obispos reafirmaron frente a Videla, Massera y Agosti: “Somos conscientes de que un fracaso [del gobierno] llevaría, con mucha probabilidad, al marxismo, y por lo mismo, acompañamos el actual proceso de reorganización del país, emprendido y encabezado por las Fuerzas Armadas, lo acompañamos con comprensión, a su tiempo con adhesión y aceptación”.
La Comisión Ejecutiva de la CEA además propuso a los integrantes de la Junta Militar “la constitución de un canal de comunicación que pudiera servir de consulta autorizada, aunque no oficiosa”, entre ambas instancias, el cual posteriormente se denominaría “Comisión de Enlace”. Una vez terminada la reunión, Primatesta tuvo un encuentro con Pio Laghi, a quien le manifestó sus impresiones del diálogo con la Junta destacando su “viva satisfacción y fundada esperanza”. Primatesta creía “que había sido no solo útil, sino también necesario en el momento actual”. Pio Laghi, con agudeza, resumía al Vaticano sus impresiones: “El episcopado argentino, que en un principio acompañó el proceso de reorganización del país, que se inició el 24 de marzo pasado, con gran esperanza, lo acompañó, manteniendo su confianza, con grandes reservas: el adjunto ‘pro-memoria’, que los arzobispos utilizaron como ‘guía’ en la conversación y que luego dejaron en manos de los tres comandantes, enumera las llamadas ‘reservas’ en diez puntos”. La Comisión Ejecutiva de la CEA había emitido un breve comunicado de prensa a ese respecto. Pablo VI fue puesto al tanto de estas novedades.
Si bien los obispos manifestaban su preocupación por el aumento de la violencia y condenaban las violaciones a los derechos humanos, renovaron su confianza a la Junta Militar porque estaban plenamente convencidos de que, si los militares no continuaban en el poder, se correría el riesgo de caer en manos del marxismo. El convencimiento de la cúpula de la Iglesia de la necesidad de acompañar el “Proceso” fue un presupuesto fundamental para que los militares pudieran desplegar su juego. El temor de muchos obispos a la caída de la Junta Militar fue clave para esa estrategia. Este fue el gran dilema: los obispos quieren acompañar al gobierno, pero como tales no pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos. Necesitan, por tanto, encontrar una vía media entre decir en privado cuáles son los principios cristianos que deben guiar la “lucha antisubversiva”, pero a la vez no debilitar públicamente a la Junta Militar.
Pedido de perdón
El conflicto entre la Iglesia y el gobierno que los militares intentaban evitar tuvo su primer acto. Pero no vino del lado del episcopado argentino sino de la Santa Sede. A raíz de las últimas informaciones llegadas hasta el Vaticano, en particular a través de Pio Laghi, pero también a través de las solicitudes de los familiares y allegados de las víctimas que escribían directamente al papa, tuvo lugar la primera intervención pública del Vaticano al respecto. El 27 de septiembre de 1976, con motivo de la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador argentino ante la Santa Sede, Rubén Blanco, Pablo VI expresó: “No podemos dejar de participar intensamente en la pena de todos aquellos que han quedado consternados ante los recientes episodios, que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas, incluidas las diversas personas eclesiásticas”.
La intervención personal de Pablo VI, en tono de consternación, cayó como un balde de agua fría en las Fuerzas Armadas, un golpe de realidad que no se esperaban. Sin duda, era un movimiento para generar mayor presión para que las autoridades del gobierno frenaran la violencia criminal. Informes secretos de la Secretaría de Culto de la Nación muestran hasta qué punto la Junta Militar estaba interesada en mantener una buena relación con el Vaticano e impedir una intervención que significara detener la “guerra sucia”. En efecto, el informe del teniente coronel José Picciuolo, director general de Culto, al ministro de Relaciones Exteriores argentino manifestaba que las relaciones de la República Argentina con el Vaticano habían sido tradicionalmente cordiales, pero que últimamente “se fueron endureciendo” pues el papa había dejado “entrever una manifiesta inquietud por los hechos de violencia, acaecidos en nuestro país, algunos de los cuales los consideró como ‘que todavía esperan una explicación adecuada’” en referencia a los últimos asesinatos de varios eclesiásticos. Según Picciuolo, lo expresado por Pablo VI no implicaba “de manera alguna la existencia de una gran tirantez” y explicaba al respecto que “hay sin duda, una gran preocupación por parte de la Santa Sede, pero también existe una excelente disposición para que las relaciones mejoren y arriben a un total entendimiento y comprensión”. Es evidente que Picciuolo quería minimizar el incidente diplomático frente al ministro; sus funciones eran precisamente esas, mantener una buena relación con la Iglesia. Pero ¿de qué se trataba ese “total entendimiento y comprensión” del que hablaba Picciuolo? ¿Comprensión respecto de los métodos utilizados dado que se trataba de una situación de emergencia? Luego de la intervención de Pablo VI el embajador Blanco “fue llamado al país”. En el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió “las nuevas instrucciones impartidas sobre este particular […] en lo referente a los hechos acaecidos con la comunidad palotina, el asesinato de los sacerdotes riojanos y los problemas del Colegio San Miguel”. Con esta estrategia Picciuolo se mostró confiado en que “provocarán una distención en las relaciones de nuestro país con la Santa Sede retrovertiéndolas [revirtiéndolas] a su situación normal”.
Si bien el secretario de Culto manifestaba el interés de lograr el entendimiento y la comprensión de la Iglesia y evitar situaciones tensas que pudieran irritar a la Santa Sede, por otro lado él mismo parecía exigir casi hasta un punto de quiebre las relaciones con la Iglesia argentina. Picciuolo tuvo una excesiva injerencia en los temas religiosos en las diversas diócesis. Por ejemplo, a fines de 1976 le solicitó al obispo de San Nicolás de los Arroyos, Ponce de León (1914-1977), tener una entrevista personal con él. En ella “le aconsejó que se alejara un poco de la diócesis” y que “cambiara los sacerdotes de sus lugares”. El obispo, que antes del encuentro había considerado realizar estos movimientos en su diócesis por razones de seguridad, “ante tal requisitoria, se negó a hacerlo”. Picciuolo increpó a Ponce de León diciéndole que “el obispo es funcionario del Estado”. Un informe del teniente coronel Fernando Saint Amant (jefe del regimiento del Ejército en San Nicolás) había sugerido al director de Culto que mediante una negociación se diera curso a la liberación del sacerdote Luis López Molina que estaba detenido, si el obispo Ponce de León aceptaba retirarse de la diócesis de San Nicolás. El 11 de julio de 1977 el obispo falleció en un trágico accidente automovilístico. Al momento la Justicia investiga si la muerte del obispo fue a causa del accidente o si se trató de un atentado.
Este estado de vigilancia permanente por parte del Estado en los ámbitos eclesiásticos y el clima de terror general que vivía la población preocupaban a los obispos. Además de la persecución sufrida por Ponce de León, esto era habitual en muchas diócesis, incluida la que estaba a cargo del presidente de la CEA. Primatesta informó a sus pares sobre un caso ocurrido durante una misa para universitarios, celebrada por el sacerdote Pedro E. Bordagaray, vicario general de la arquidiócesis de Córdoba, en la que miembros del Ejército grabaron los sermones y realizaron una “requisa” de la Biblia Latinoamericana, una biblia considerada “de izquierda”. Una práctica extendida también había sido la inhabilitación de docentes, en particular de religión, por parte del gobierno, bajo la acusación de “marxistas”. Es evidente que este tipo de conducta por parte del gobierno no preparaba de la mejor manera la buena disposición de los obispos.
Como parte de la maniobra y para poner paños fríos a la situación, en particular las tensiones con el Vaticano, Videla le envió una carta a Pablo VI, fechada el 5 de octubre de 1976, en la que informó al papa sobre la situación argentina, aunque evitó hacer mención tanto a los últimos crímenes como al discurso frente al embajador Blanco. La carta nuevamente recurre al argumento de la magnitud de la amenaza terrorista para minimizar o justificar el impacto de las propias acciones. Además, utiliza una narrativa religiosa con la intención de mostrarse como un católico convencido de sus valores y ponerse así en un mismo nivel de lenguaje con el papa: “Durante estos últimos años, Santísimo Padre, la nación ha venido viviendo un época áspera, difícil, confusa. […] Ha estado y está asediada por una acción dirigida y concertada internacionalmente con vistas a la destrucción de los valores que dieron origen, prestigio y difusión a nuestra civilización”. Sin mencionarlo, Videla está haciendo referencia al comunismo y a los grupos guerrilleros marxistas que describe como “una acción que pretende constituirse en un nuevo credo secular, curiosamente pletórica de negaciones y vacío de creencias; cuya actitud es la intolerancia, la irreverencia y la protesta indiscriminadas; cuyo método y medio es la violencia desde la más primitiva y cruenta hasta la más sofisticada”, y concluye: “No se trata, pues de una violencia ocasional que se consume, se conforme o se extenúe con el acto mismo. Se trata de una violencia sistematizada que no acepta diálogo ni la coincidencia ni la compasión, dirigida globalmente contra todo el orden social, sus instituciones, sus creencias, sus libertades, su convivencia en paz, su moral y su reconocimiento a la entidad humana integral”. Videla supone que el papa no estaba adecuadamente informado respecto de las causas por las cuales, según su lógica, era necesaria esta represión. Sin embargo, el papa Montini estaba muy informado de la situación argentina a través de los informes del nuncio y de otros canales. Además, a raíz de la creciente violencia en el país, Pablo VI se interesó en forma personal por el tema. Por otro lado, contaba con una enorme experiencia personal en este tipo de asuntos. [...]
Pocos días después de la carta de Videla la Secretaría de Estado recibió una respuesta de la Embajada de la República Argentina ante el Vaticano, en relación con el pedido del secretario de Estado sobre los últimos crímenes y por los cuales el embajador Blanco había recibido instrucciones en la Argentina. La carta, cuya redacción debió ser sopesada equilibradamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresaba que “el pueblo argentino está padeciendo los efectos de una violencia particularmente cruel. Los hijos de la Iglesia en la Argentina no han sido por desgracia excluidos de tal campaña de odio subversivo”. Y señalaba que el gobierno “ve dificultada su acción, entre otras razones, por el desprestigio que se sigue con tales actos de barbarie. El primer interesado, por consiguiente, en superar tal estado de cosas es el mismo gobierno argentino”. Refería que el gobierno reafirmaba la condena e indignación por estos crímenes y que tenía la determinación de adoptar todas las medidas para evitar que este tipo de acciones se repitieran, mientras estaban en curso las investigaciones oportunas para llevar frente a la Justicia a los responsables. [...]
Este texto es un fragmento del volumen "Confesiones de Estado. La estrategia de la dictadura frente a la Iglesia argentina, 1976-1983. (Edhasa)
Luis O. Liberti es religioso y teólogo. Profesor de la UCA, sus investigaciones se centran en la recepción del Concilio Vaticano II en Latinoamérica y en el estudio de la figura de Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado durante la dictadura.
Federico Tavelli es historiador, politólogo y teólogo. Profesor de la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo y de la UCA. Ha investigado el papel de la iglesia en los procesos de violencia en Europa y América Latina.
Juntos publicaron recientemente “Confesiones de Estado. La estrategia de la dictadura frente a la Iglesia argentina 1976-1983” (Edhasa)
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