ECONOMíA | 17-01-2020 09:48

¿Cuáles deberían ser las prioridades económicas de Alberto Fernández?

Las inequidades y los desequilibrios vienen acumulándose desde hace varios mandatos presidenciales

Otra vez el país se encuentra bajo emergencia, pero en esta oportunidad no es sólo económica sino de todo tipo. Las inequidades y los desequilibrios vienen acumulándose desde hace varios mandatos presidenciales. El esfuerzo que se le pide al sector privado plasmado en la ley de emergencia está en línea con la situación de fragilidad que presentan las cuentas fiscales. Pero vale decir que se suma a otros innumerables pedidos de esfuerzo que no llegaron a buen puerto; de hecho, los problemas estructurales que hoy enfrenta la economía argentina son básicamente los mismos que hace 50 años.

Esta nueva administración debía avanzar al menos en tres direcciones con cierta premura: 1) arreglar la cuestión de la deuda dada la carga de vencimientos y la imposibilidad de refinanciarlos; 2) cortar una inercia inflacionaria que viene siendo cada vez más alta; y 3) reactivar la actividad que suma dos años consecutivos de recesión. Las dos primeras se empezaron a atacar con la ley de emergencia; la tercera parece quedar pendiente.

Con la primera cuestión –la de la deuda–, las señales que se desprenden de la ley de emergencia tienen un sesgo pro mercado: sanear las cuentas públicas aun en un contexto de marcada fragilidad social. Entre el discurso y la acción, por ahora parece primar la postura conservadora que reduce el impulso fiscal a la mínima expresión. La discrecionalidad que adquirió el Ejecutivo es muy grande, no sólo en facultades, sino en recursos: $ 600.000 millones, equivalente a 1,8% del PBI. Pero uno de los principales puntos de la ley, sino el más importante, fue el de suspender la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria. Al reservarse la posibilidad de ajustar o soltar la válvula de las jubilaciones bajo el lema de la “solidaridad” puede presumirse que el objetivo buscado es el de avanzar en un recorte del gasto previsional. Parte de esta mejora fiscal se licuará a partir del congelamiento de tarifas (mayores subsidios a gas, electricidad y transporte por 0,5% del PBI), pero en total, a partir de la ley de emergencia, el Gobierno dispondría de recursos netos adicionales por 1,8% del PBI en 2020 (1,8% por mayores ingresos y 0,1% a partir de menor gasto).

Compensación. Esto le alcanzará para compensar el desequilibrio fiscal heredado y la inercia que tienen parte de los ingresos y los gastos del Gobierno. La gestión Cambiemos deja un déficit primario de 0,5% PBI, que podrá ser mayor considerando que la falta de caja obligó a pasar gasto a este año (lo que significa un aumento de la deuda flotante). Pero además hay que sumar que en 2020 la Nación deberá transferir a las provincias la última cuota de la detracción del 15% que la ANSES hacía sobre la coparticipación y que desde 2016, a partir de un fallo de la Corte Suprema, se devuelve a razón de 3 puntos porcentuales por año. Esto implicará una pérdida de recursos de 0,2% del PBI. A su vez, deberán descontarse algunos ingresos considerados como extraordinarios sumados en 2019 (por ejemplo. ventas de centrales térmicas) y que posiblemente no estén disponibles este año (otro 0,2%). Y por el lado del gasto, solo la indexación del gasto en Seguridad Social agrega necesidades por 0,5%.

En resumen, la administración del Frente de Todos heredará un desequilibrio primario de 1,8% del PBI. En principio, el paquete de medidas que dispuso la ley de emergencia alcanzaría para cubrir esta brecha fiscal. A todas luces, las primeras medidas del Gobierno presentan una postura mucho más conservadora que la esperada inicialmente, algo que debería jugar a favor en el proceso de reestructuración de la deuda.

En cuanto a la prioridad de cortar la inercia inflacionaria, la suspensión de aumentos de tarifas por seis meses apunta en esa dirección. Pero el problema con esta herramienta es lo que sucede cuando debe dejar de utilizarse. De hecho, corregir el atraso por el congelamiento propiciado por Cambiemos sumaría 2,7 puntos porcentuales de inflación en 2020. Y algo similar ocurre con la política cambiaria ya que, si bien por el momento existe margen para apreciar levemente el tipo de cambio real, no sería deseable que la política antiinflacionaria esté fundamentada en el principio de atrasar (nuevamente) el dólar. Si esto fuera así, se podría perder uno de los pocos pilares de la actual economía: el superávit de cuenta corriente antes de intereses.

Desde el plano monetario, las declaraciones del ministro Guzmán acerca de que la emisión podría ser desestabilizadora han caído bien en un marco donde la nominalidad podría haber llevado a la economía a un sendero explosivo. Y una reducción no tan agresiva de las tasas de interés por parte del Banco Central también ayudó a estabilizar expectativas. 

Finalmente, en cuanto a la tercera prioridad –la de reactivar la economía–, hasta el momento las medidas anunciadas tienen un claro sesgo contractivo. La suba de impuestos y la suspensión de la ley de movilidad son indicios de que la economía no recibirá un shock de demanda. La redistribución del ingreso hacia dentro del sector privado podría dirigir más dinero a quienes tienen una propensión marginal al gasto superior, pero este impacto juega solo en la primera vuelta del efecto multiplicador. Así, no necesariamente esto será lo que reactive la economía. Y las medidas como la imposición de la doble indemnización no recomponen la demanda sino que apenas pueden hacer que la economía detenga su caída.

En todo caso podría esperarse cierta reactivación, pero por malas razones, es decir por las distorsiones que generan las restricciones a las que vuelve a estar atada la economía. El cepo, en una versión mucho más dura, podría orientar demanda hacia bienes durables; especialmente hacia la construcción. El impuesto PAÍS genera incentivos en sectores como turismo. También podría esperarse cierta recuperación a partir del efecto de la ilusión monetaria que, en un contexto de inflación, tengan los aumentos mínimos que el Ejecutivo se habilitó a dar al sector privado en la ley de emergencia (4.000 pesos a partir de febrero). Por otro lado, las tasas de interés pasivas negativas generarán menor demanda por activos financieros y más activos reales. Fomentan el consumo, pero destruyendo el ahorro. Pero, además, es un consumo forzoso, y poco genuino.

Invertir. Es difícil ser optimista en cuanto a un despegue de la inversión. Antes será necesario poner a andar el 40% del capital instalado en la industria que hoy se encuentra parado. Además, cepo mediante, la imposibilidad de poder girar dividendos en dólares atenta contra las decisiones de inversión de las empresas. Pero quizás más importante a todo esto es que sin una demanda que sea percibida como genuina y permanente en los mostradores, difícilmente la inversión privada reaccione. En el otro extremo, la inversión pública se enfrenta al poco espacio que tiene el Gobierno para ser expansivo ante la necesidad de mostrar capacidad de pago. La apuesta principal vuelve a estar en las exportaciones y quizá sean ellas las que puedan aportar algo de dinamismo para 2020. Si el tipo de cambio logra mantenerse estable en un nivel competitivo podría traccionar la oferta de bienes transables. El riesgo aquí es (nuevamente) la tentación de usar el dólar como ancla para los precios.

El programa integral que prometió enviar Guzmán dista mucho de ser la ley de emergencia. Queda por resolver qué política cambiaria y monetaria adoptará la Argentina, cuál es el sendero del gasto, déficit y crecimiento buscado para hacer sostenible la deuda pública, cuál será el alcance del prometido acuerdo social y fundamentalmente falta saber qué sucederá luego de los 180 días en los cuales se congelaron tarifas y se suspendió la ley de movilidad jubilatoria. El lastre para el sector privado puede ser grande y la sociedad podría no estar dispuesta a convalidarlo. Más aún si la Argentina, habiendo reestructurado su deuda, debe seguir mostrando una extrema prudencia fiscal durante varios años para recuperar acceso a los mercados de créditos sin que la economía termine de abandonar su estancamiento secular. Sin ver gestos de la clase dirigente, el sector privado difícilmente esté dispuesto a seguir financiando el gasto con solidaridad si no mejora su bienestar. Menos aún después de recibir promesas de cambio de rumbo durante la reciente campaña. La solidaridad es voluntaria, no funciona en forma compulsiva.

* Economista jefa de la consultora LCG.

por Melisa Sala*

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