Mientras los seguidores de escuelas económicas se pelean para ver qué rumbo tomará el gran laboratorio social en el que se convirtió la Argentina, los anuncios de que finalmente el ministro Martín Guzmán se decidió a abrir la billetera (o fue invitado a hacerlo), más que alivio en los eventuales beneficiados, que los hay, convoca fantasmas del pasado. No es casual que una economía que pasó el 80% de su historia desde 1946 con una inflación de más de dos dígitos anuales, que en el último medio siglo sufrió dos hiperinflaciones (1989 y 1990) y cinco procesos que estuvieron al borde de serlo (1975, 1982, 1985, 2002 y 2019) provoque esta urticaria.
La primera factura que el propio fuego amigo del bando derrotado en las PASO fue para el ministro de Economía, a quién le atribuían la responsabilidad de una política “amarreta” que frenó la reactivación y no forzó la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, los números dicen algo diferente. Según estimaciones del IERAL de la Fundación Mediterránea, durante el tercer trimestre (julio-septiembre) la emisión monetaria trepó a 1,0 billón de pesos, lo que representa el 10,1% de ese período. Esa cifra, incluso es superior a la del promedio del año 2020, en que inundar la plaza de billetes fue la única salida a la parálisis económica: 9,6%. Pero si los anuncios se confirman en hechos, en el último trimestre del año (octubre-diciembre), la inyección monetaria trepará al 12,6% del PBI. Un verdadero tsunami de pesos muy difícil de sostener por sus consecuencias en otro eslabón débil de la cadena monetaria argentina: el mercado cambiario.
Siempre verde. La primera referencia de la política monetaria desde el año pasado fue la cotización del dólar. Si el crecimiento de la base monetaria fue lo que sostuvo la economía para que no haya caído aún más ante la decisión de profundizar el aislamiento social, la contracara habitual en la economía argentina, el dólar, lo se afectó instantáneamente. En primer lugar, porque la pandemia ayudó a que creciera la demanda de dinero: es lo que el público desea tener a su alcance para pagos menores o cualquier eventualidad. Es difícil medirlo, pero Camilo Tiscornia, profesor de Economía Monetaria en la UCA y director de C&T Asesores, calcula que en época de baja inflación era del 6% del PBI y que llegó a estar en 4,1% en el verano del 2020 para luego irse recuperando a medida que los precios aflojaban su ritmo de crecimiento hasta un 5,5% en diciembre pasado.
De todos modos, la financiación de la caída de recaudación por emisión monetaria fue empujando la cotización del dólar informal y se segmentó el mercado en varios tipos de cambio con muchas restricciones: el cepo, tanto en cantidad que se puede comprar en el segmento más bajo (US$ 200) como en las trabas para importadores y deudores. En el último año, la cotización del dólar “financiero” o contado con liquidación no sufrió variación. No fue un milagro: cuando trepó a ese valor récord, viró la política oficial para evitar una segura corrida cambiaria. Acudió a los “agro dólares” fruto del boom de exportaciones para intervenir en los mercados cambiarios y controlar la situación. Eso frenó la emisión monetaria durante los primeros meses del año, pero tuvo que enfrentar el coletazo de la expansión del 2020 con tasas mensuales de inflación de casi 5%, con congelamiento tarifario, controles de precios y pisando el dólar oficial.
La incógnita que surge ahora del equipo económico es el destino de los pesos que se van soltando al mercado. Tiscornia estima que “la pirueta de imputar los fondos en DEG para estirar el límite de financiación del Banco Central al Tesoro ampliará en $1 billón y podría llevar el déficit primario al 4% del PBI. Quedará un resultado parecido al previsto en el Presupuesto 2021 pero habiéndose devorado los DEG”, concluye.
El objetivo no es que se apuntale la demanda de dólares sino de bienes para un shock y un mejor clima económico, palpable en la recta final electoral. Para ello es vital que no se desborde el dólar en sus expresiones más “libres”, por lo que la emergencia obliga a aplacar esta expectativa acudiendo a las reservas internacionales en divisas. Federico Vacalebre, profesor de la UCEMA, apunta un dato impactante: el promedio de ventas del Banco Central desde agosto pasado fue de US$ 71 millones, con lo que calcula que, de continuar este ritmo, las reservas internacionales de libre disponibilidad (las que efectivamente pueden y no se deben a nadie) se habrán disminuido a la mitad.
El temor a un vuelco del mercado cambiario no es extraño: ya existen innumerables restricciones, impuestos y trabas para el acceso libre y aun así no cede la demanda. “Es algo natural en los años impares que son electorales: el promedio de las ventas de los últimos años entre agosto y octubre fue de US$ 4.762 con la consecuente dolarización de las carteras de los inversores por precaución”, analiza Vacalebre.
Esta inexorable pérdida de reservas llevaría, según Tiscornia a más restricciones sobre el mercado cambiario, como las anunciadas esta semana. El límite lo seguirá marcando la obstrucción de la dinámica productiva y la tolerancia a tasas de inflación que volverían a situarse por encima del 3% mensual.
Facturas. Generalmente, los ciclos expansivos del gasto del año electoral se “pagan” con una devaluación en el siguiente año par, como ocurriera, por ejemplo, en 2014. ¿Volverá a repetirse la historia? El primer objetivo de Guzmán es llegar a la recta final de la larga negociación con el Fondo Monetario Internacional con este flanco “controlado”. Luego, arribar a un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el organismo que, por ahora, conduce Kristalina Georgieva, que le permita sortear los dos años que quedan de mandato del Gobierno sin erogaciones de capital. Por si acaso, el Presupuesto 2022 ya planteó una reducción a la mitad del financiamiento vía emisión monetaria (1,8% del PBI) y que el resto se financiaría con emisión de deuda en pesos en el mercado local; contempla un déficit financiero (2,4% del PBI) con financiamiento de organismos internacionales y no contempla vencimientos con el FMI. ¿Un nuevo pase de magia o la señal inequívoca que no habrá más expansión una vez que las urnas se guardaron?
Mientras tanto, la que sí está trabajando a pleno es la Cada de la Moneda, imprimiendo los yaguaretés y los horneros (billetes de $500 y $1.000) a todo vapor. Una restricción física que encontró el plan expansivo más ambicioso. Finalmente, nunca se autorizó la emisión del billete de $5.000 y la de $10.000 (que iba homenajear a Maradona). Las medidas de seguridad y la poca capacidad ociosa en los fabricantes durante la pandemia llevaría más de un año tener los billetes para distribuir, por lo que hizo naufragar el ímpetu numismático. Y también, la vieja teoría que un billete de alta denominación (US$ 60 actuales) desnudaría lo obvio: los gobiernos pasan, pero la inflación queda.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios