Friday 17 de May, 2024

EMPRESAS Y PROTAGONISTAS | 17-10-2023 11:09

Querella de acción privado: Cuando el poder político manipula el sistema judicial para adoctrinar a sus denunciantes - BRAND

La abogada especialista Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional y Psicopatologías y Neurociencias, Dra. Cynthia Castro, expone extractos de su artículo publicado en la revista digital “A DESPACHO” del Colegio de Abogados de Trelew, Chubut.

Reivindicar las bases Constitucionales garantizará a todos los individuos un sistema menos injusto, menos corrupto y con menos magistrados que nos avergüencen.

Sin la certeza real de que los jueces sopesen en juicio los principios de las garantías constitucionales, no queda más que decir que, debemos ser adivinos de los procedimientos porque los lineamientos procedimentales estarían conducidos o por un sistema caprichoso que decide ad commodumo por un sistema con un profundo desconocimiento del derecho o, peor aún, por las dos premisas. Cuando el sistema judicial es permeable al poder político cediendo la operatividad de las garantías constitucionales, quienes defendemos la Constitución y con ella, los Derechos Humanos, obramos contra natura de ese sistema, y esto no nos es sin consecuencias, porque ponemos al desnudo la connivencia reinante entre políticos y el poder judicial con un sistema judicial corrupto, y cómo ese andamiaje autoinmune recicla políticos para no castigarlos. Esto también es corrupción.

Para las neurociencias, consentir la impunidad, corrompe a la persona que la permite. La corrupción, por el uso indebido de la función pública, pone en peligro la seguridad jurídica. La estrategia del poder político es que los jueces permeables sin el coraje de defender su investidura, sumisos si se quiere, actúen mal usando los procedimientos, torciendo la ley y violando la Constitución Nacional.

La justificación de lo afirmado tiene su claro ejemplo en un Juicio por Delitos de Acción Privada analizado en la revista “A DESPACHO” (https://www.yumpu.com/es/document/download/68450069/eba28-dcb98-6444d-2b1c4-b711b-4e459-9ce91-a12ae), como caso paradigmático utilizado en ámbito de estudio del Derecho Penal y Procesal Penal como ejemplo negativo del procedimiento penal.

El Dr. Maximiliano GARCÍA, Director de la Sala de Derecho Procesal Penal de la ciudad de Córdoba, Mgter. en Derecho y Argumentación, Doctorado en Derecho de la UNR, Docente; quien se mantuvo como observador en las audiencias penales de ese caso, expresó: “Las exégesis del derecho se han perdido y las garantías constitucionales son un privilegio de algunos.”

Las decisiones judiciales basadas en las garantías constitucionales nos protegen de la corrupción, porque importa transparencia, es por eso por lo que las decisiones fundadas, al ser racionales, serán transparentes y podrán ser controladas por instancias superiores, porque los argumentos de cómo funda un juez su decisión son un deber procesal que pesa sobre ellos. Nada peor en una democracia que la impunidad permitida por la negligencia y la arbitrariedad de los jueces, favoreciendo políticos, permitiendo que en juicios se violen garantías constitucionales. La existencia de las garantías constitucionales en todo proceso judicial son el deber superior de los jueces antes de decidir racionalmente.

Datos de contacto:

Facebook: Dra Cynthia Castro

Instagram: @dracynthiacastro

 

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