Como todos saben, el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández asumió la Presidencia de la República. Había ganado las elecciones en primera vuelta con una concurrencia electoral superior al 81 % del padrón. Parte de la sociedad, incluso alguna que no lo había votado, observó su victoria con cierta expectativa. Podemos desconocer, prima facie, el motivo o los cambiantes motivos, pero el resultado de esas presidenciales había despertado un interés que no ha sobrevivido. Nadie lo ignora.
El nivel de rechazo a los candidatos que encabezan ahora los espacios políticos que representaron la polarización de entonces sintetiza el balance que la sociedad tiene sobre la calidad de su dirigencia. Que ninguno de los competidores de 2019 siga en carrera nos permite saber qué piensa la compacta mayoría sobre los últimos tres presidentes. La fórmula “los políticos son una mierda”, se diga o se calle, tiñe la despolitizada pero comprensible percepción colectiva.
Más adecuado sería admitir que los programas que repite este orden político (pero ¿merecen ser llamados “programas”?) acentúan la descomposición social. Y la descomposición potencia la distancia entre representados y representantes. Las consabidas recetas económicas reproducen la crisis potenciada. Al permitir que el excedente productivo termine en el sistema financiero internacional, siguen alimentando el crecimiento de la pobreza endémica. El bloque de clases dominantes impone sus términos políticos a los sometidos asalariados, impone la regresiva distribución del ingreso. Reproduce, en otras condiciones, el orden económico que inició la dictadura burguesa-terrorista de 1976. La afirmación es fuerte; se impone justificarla.
Un producto bruto y medio de la Argentina (unos 600 mil millones de dólares que ya no vuelven) obtiene, fugado al exterior, una plácida renta, incrementada diariamente sin riesgos (el drenaje nunca se detiene). Cuanto más ganan las empresas, más giran. Esa masa de ahorro nacional transformada en capital financiero en manos del bloque de clases dominantes es la contracara de la deuda pública que asfixia a la economía argentina. Con ese peso muerto –ahorro local transformado en capital financiero global–, no hay salida nacional democrática posible, por más que impere la democracia formal.
El saqueo adopta siempre el mismo formato: hiperinflación y “default”, o la amenaza de hiperinflación y “default”. Las repetidas corridas cambiarias –síntomas de un dólar sin ancla en pesos– anuncian ambos peligros. Entonces, para estabilizar la estructura productiva (para congelar la crisis durante un rato) se recurre al ajuste –llevando la distribución a un punto todavía menos favorable para los asalariados–, a la reducción de la masa salarial en dólares para pagar la deuda en dólares de empresas que no tienen los dólares para importar… porque los transfirieron al exterior.
Esa respuesta a la crisis (una crisis provocada intencionalmente para beneficio del bloque de clases dominantes) no produce otro efecto que multiplicarla. En ese punto estuvimos en 2019 y en ese mismo punto seguimos estando en 2023. Un dato varió: la pobreza, que en 2015 era del 30 %, en 2019 rozaba el 35 % y ahora supera el 40 %. Y los 10 mil millones de dólares rechazados al Fondo Monetario Internacional (FMI) por decisión de Martín Guzmán y Alberto Fernández, en 2019, son los requeridos al FMI por Sergio Massa y Alberto Fernández en 2023.
Recordemos: es la repetición del Plan Austral ejecutado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Bajo la conducción técnica de Juan Vital Sourrouille, ese plan sistematiza la acción de gobiernos cuyo programa se limita a gestionar deuda. Cuando los economistas del mercado dicen que es preciso un nuevo plan económico, en realidad se refieren al añejo Plan Austral. Esto es, otra hiperdevaluación y sus irreparables consecuencias: se licúan los dólares de la deuda en pesos de las empresas (pueden pagarla con menos dólares), se transfieren ingresos de los asalariados en favor del bloque de clases dominantes (se reduce el salario en dólares), se produce una inflación persistente. Y es probable que en un futuro cercano, tal como sucedió con el Plan Austral, se vuelva a hablar de una nueva moneda, que no es otra cosa que quitarle ceros a la anterior. Y entonces, después de un rato de ficticia estabilidad, volver a empezar.
Todos los ajustes posteriores a 1983, matiz más o matiz menos, siguieron el mismo patrón. Eso sí, el Plan Austral perpetuo incluye el –¿indeseado?– estallido sistémico. La hiperinflación del final alfonsinista no debiera olvidarse, porque ahí se ve el ciclo entero del “programa”, ese que termina con el impacto del “default” combinado con la hiperinflación, que deja a millones de afectados en la calle y los lanza a la desesperación.
“¡Claro! –gritan los 'gurkhas' del mercado desde pantallitas de televisión que, aunque distintas, parecen transmitir en cadena nacional–, las empresas se llevan la plata afuera porque no tienen confianza en este sistema de políticos corruptos y clientelistas”. El cinismo pocas veces resulta tan eficaz. Aunque lo cínico no es, por cierto, aludir a la venal “honradez” de los políticos que hoy están en actividad. Repasemos los hechos: el eje de la continuidad sistémica arranca en 1975 con ese ajuste brutal que se recuerda como “Rodrigazo”, en dudoso homenaje al ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. El “Rodrigazo” descargó sobre la sociedad el shock que luego se repetiría hasta la fecha: una fuertísima devaluación del peso, aumentos en servicios públicos, transporte y combustibles de hasta el 180 % y topes a los aumentos salariales. Entre el “Rodrigazo” y la convertibilidad que impuso Domingo Cavallo (un sistema de paridades fijas por el que un peso equivalía a un dólar), Argentina vivió en medio de una hiperinflación de intensidad discrecional. Por momentos, se descargaba en pocos meses con toda la furia, en otros aminoraba la marcha, pero nunca se detuvo.
Durante quince años, no existió paridad cambiaria, o bien estuvo sometida a barquinazos permanentes. Por eso en 1991 Domingo Cavallo reinventa la convertibilidad, una copia de la “caja de conversión” de 1890 instituida bajo el gobierno de Carlos Pellegrini. Ahora, el exfuncionario de la dictadura burguesa-terrorista de 1976 será convocado por Menem. Pero la convertibilidad estallará en 2001, porque los dólares del Banco Central son girados al sistema financiero internacional y la paridad se queda sin sustento. Así, el mismo ministro que la había creado, convocado ahora por De la Rúa para enfrentar una crisis producida por el sostenimiento de su propia receta, es quien precipita el desastre de 2001, cuando los 24 mil millones de dólares de reservas del Banco Central se terminaron de esfumar.
Entre 1976 y la fecha, transcurrieron 47 años. Los que entonces rondaban los 25 ahora rozan los 75 años. Dos generaciones nuevas ingresaron a la vida social: los que tienen ahora 50 y los que apenas cumplen 25. Ninguna de las tres generaciones conoció otro escenario que este, en su adultez, y las dos generaciones jóvenes carecen de semejante experiencia. ¿Se dirá que en la época de oro del kirchnerismo las cosas fueron distintas? Estoy en condiciones de mostrar que, más que profundas diferencias, hubo un maquillaje superficial que no tocó el fondo del mecanismo que vengo describiendo.
Esta es la “normalidad” que supimos conseguir. Normalidad que de ningún modo organizaba la distribución del ingreso nacional entre 1945 y 1975. En ese lapso, los asalariados se llevaron no menos del 42 % del producto bruto interno (PBI) argentino, y no más del 48 %. Gobernara quien gobernara, ese fue el patrón de distribución.
Durante aquellas tres décadas, el keynesiano control de cambios fue una política de Estado. Como se sabe, en la Argentina las exportaciones no aportan las divisas necesarias para pagar los servicios financieros de la deuda pública (en pesos y dólares), para las inversiones en equipamiento industrial y para dolarizar el excedente de las empresas. No son suficientes para resolver los tres frentes. Salvar ese cuello de botella –donde se estrangulaba y se estrangula el sector externo– se consideraba fundamental. Quienes sostenían que el ahorro interno era insuficiente proponían crecer con crédito externo. Los otros insistían en evitar la fuga de capitales mediante la nacionalización del comercio exterior. Estaban quienes explicaban que se trataba de un problema estructural –la dependencia económica– y quienes lo atribuían al orden político. Pero en esas décadas el problema persistió, irresuelto: ni se quebró la dependencia ni se modificó el orden. Y así arribamos al fatídico 1976. Y a un “programa” económico que resolvió del peor modo toda la discusión en el seno del bloque de clases dominantes, subiendo el bloque completo al “programa” del saqueo. En el último medio siglo, ningún presidente obtuvo la necesaria “confianza” para que las empresas reinvirtieran el grueso de su tasa de ganancia en territorio nacional. Ni siquiera la obtuvieron gobiernos que exhibían sin pudor su afinidad con la “sensibilidad” del capital: ni la dictadura de 1976, ni el menemismo, ni Mauricio Macri. Por eso ni siquiera Macri pudo evitar –en los estertores de su mandato– el cepo cambiario, que consiste apenas en restañar durante un breve instante la hemorragia financiera mediante el control de cambios.
Antes, el gobierno amarillo había eliminado el cepo desde el primer día, pero así fue organizando un abultado déficit fiscal, desfinanciando el Estado. Desde el champán importado hasta los automóviles de alta gama dejaron de pagar impuestos. Y las retenciones a las exportaciones agropecuarias fueron rebajadas. Para solventar el déficit fiscal, entonces, el Banco Central emitió títulos a tasa astronómica. Es decir, una tasa mucho mayor que la inflación anualizada.
Las empresas, por su parte, no reinvirtieron el excedente monetario de su actividad normal en ampliar la capacidad productiva, sino en adquirir esos títulos en pesos. Así, el gobierno dispuso de los fondos, y las empresas, de una notable renta financiera –renta que se pagaba emitiendo nuevos títulos–. Hasta que la deuda pública se volvió, por su tamaño, ingobernable. Era preciso saldarla de alguna manera.
Había dos modos posibles. El Estado podía licuar la deuda, permitiendo que la inflación devorara el capital y la renta de esos títulos. Pero en ese caso perdían las empresas. Por cierto, el gobierno macrista –el gobierno de los gerentes– nunca se propuso tal cosa. En cambio, si la deuda pública en pesos se transformaba en deuda en dólares, la ganancia acumulada por las empresas arrojaba resultados insólitos que no existían en ninguna otra región del mundo. Esto es: cuadruplicaba la tasa que por ese entonces pagaban los títulos de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Así fue como, mediante un préstamo del FMI, el gobierno dispuso de los dólares necesarios para que los tenedores de títulos en pesos cambiaran inmediatamente sus ganancias por dólares y los giraran al exterior. Los adquirían por una ventanilla y los giraban al sistema financiero internacional por otra.
Por eso los mercados globales, incluido el nacional, no nos prestan. Saben de esa operación, saben que no hay modo de que la deuda se siga pagando. Los mercados saben, y los funcionarios, que también saben, munidos de la misma política manejan e imponen idéntico recetario.
La capacidad de giro constituye la ganancia neta de las empresas, fachada oculta de nuestro empobrecimiento sistemático. Los dólares que ingresan por el préstamo del FMI, con el objetivo teórico de estabilizar la paridad cambiaria, se transforman en dólares para girar al exterior. Entonces el precio del dólar deja de existir por falta de dólares en las reservas del Estado. Por eso, el sistema de precios relativos –por ejemplo, el precio de la papa medido en petróleo o el del acero en horas de trabajo obrero– se rompe. La “híper” estalla, y los salarios caen a valores intolerables. Es decir, el mismo trabajador debe pagar con mayor cantidad de horas trabajadas la misma canasta básica. Y la rueda recomienza.
Esa es la historia económica estructural entre 1983 y la fecha. Una profecía que se autorrealiza.
Dije más arriba que el “programa” kirchnerista fue sólo superficialmente distinto. La deuda pública trepó con la gestión amarilla hasta el 77 % del PBI, pero el gobierno K la había dejado en 66 puntos porcentuales. Esa es toda la diferencia en materia de endeudamiento. La fuente de estas cifras es Carlos Heller, especialista financiero y diputado del bloque kirchnerista.
Retomemos el hilo. El motivo de un comportamiento así de homogéneo durante tanto tiempo –casi medio siglo– no resulta misterioso: estamos frente a un modelo de negocios. Lo saben las grandes empresas, las autoridades del Banco Central y las direcciones partidarias. Este orden político defiende, con matices diferenciales cada vez menos significantes, el mismo modelo: la producción de “commodities” –que desde Menem y el kirchnerismo se volvió monocultivo sojero–. Esto, deuda pública mediante, financia la libre circulación de capitales. Ese es todo el “programa”. Por eso no hace falta redactarlo; nadie llega a ministro de Economía si lo desconoce.
Alguna vez nuestra clase dominante fue además una clase dirigente: tuvo un proyecto de país. Pero hace ya décadas que estamos frente al modelo productivo de una clase dominante que no es clase dirigente. Y por tanto no requiere de un proyecto nacional democrático viable, aunque sin duda tiene un modelo de país: un “country” donde casi no se pagan impuestos a la renta, donde se encierra a vivir entre los suyos sin responsabilizarse por lo que ocurre afuera. Impositivamente, el sistema se sostiene mediante el impuesto al valor agregado (IVA) –que no es otra cosa que un impuesto al consumo de los que menos tienen y consumen–, y quien no puede hacerse cargo de las expensas del “country” termina expulsado por el personal de seguridad, sin juicio previo ni demasiados aspavientos.
¿Y cuál es la agenda del “country”? Minucias de la administración municipal. El pasto y la vereda. La red cloacal, el agua corriente, los baches y –claro– la seguridad. ¿Y cómo se resuelve el innegable problema de la seguridad? Simple: con mano dura y gatillo fácil. Todo lo demás queda fuera de debate. Igual que la agenda de los partidos políticos, donde sólo se discuten candidaturas y se soslayan los problemas centrales de la sociedad argentina y del mundo. Mientras tanto, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para el cual se votan diputados “pour la galerie”, no organiza políticas sudamericanas de Estado.
En el MERCOSUR habría un modo de salir de este ciclo endémico y destructivo, pero en lugar de avanzar en el modelo de integración, planteándose moneda común y Banco Central unificado, lo que se debate es la flexibilización funcional: que cada país miembro negocie por su débil cuenta con bloques mejor articulados –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés), la Unión Europea y China–. En cambio, China organizó el BRIC con Brasil, Rusia y la India, y si se piensa que entre la India y China suman más de 3.900 millones de habitantes –el 50 % del planeta Tierra– se entiende la importancia de los acuerdos supranacionales. Y el creciente peso del yuan.
Regresemos al modelo social nacional. Observemos el conflicto: en uno de los polos está el “country” y en el otro, la villa que aporta el personal que custodia las torretas, hace la limpieza y recibe algunas sobras como parte de la dieta distributiva. Entre ambos polos, los sobrevivientes que marchan a distinto ritmo hacia el empobrecimiento y una selecta minoría sectorial que se suma al pelotón de la victoria. ¿Cuál es el sueño? Sumarse. El menemismo lo volvió sentido común. Pero la realidad efectiva prosigue su cruenta lógica: una fábrica de pobres. Tres de cada cuatro menores de 18 años hoy son irremisiblemente pobres.
En cumplimiento del “programa” que se ejecuta hace medio siglo, los eslabones más débiles de la cadena reproductiva son expulsados hacia la precarización. Ahí van a parar los “nuevos pobres” que hasta ayer galgueaban por las vereditas de la democracia. De un movimiento obrero organizado a la informalidad laboral de los cuentapropistas, y de la informalidad laboral a los planes sociales y las changas salteadas. Tres generaciones de hombres y mujeres desconocen el trabajo en blanco, incluso si esa forma de trabajo ya no supone dejar de ser pobre o precarizado.
Macri propuso que todo el país fuera un “free shop”: podíamos comprar una botella de Chivas Regal en un supermercado por el mismo precio que en el aeropuerto de Ezeiza. Antes lo había hecho Cavallo, en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Como siempre, lo único que no importa es desfinanciar el Estado. El problema es que esto genera deuda, y entonces se pergeñan operaciones contables y financieras para que las cuentas se pongan “en orden”. Pero los bancos, alertados por este “(des)orden”, que también practican, empiezan a girar sus activos financieros al exterior. Y así desaparecieron 24 mil millones de dólares en 2001 –su huida fue registrada diariamente en la tapa del diario “Ámbito Financiero”–.
A De la Rúa, el heredero blanco de un hombre oscuro, le tocó enfrentar el estallido de aquel llamado “blindaje”, la operación que se había propagandizado meses antes como una extraordinaria solución para el problema de siempre. De la Rúa tiñó de sangre el inevitable estallido. La plaza de Mayo y las de las ciudades y pueblos del país, que habían escenificado victoriosas movilizaciones populares, allá donde Madres había hecho pública la llaga de los 30.000, mostraba ahora a quién servía la policía. Obedeciendo a los ejecutores del “programa” que estallaba, los “funcionarios del orden” llevaron gozosamente adelante una masacre sin objeto, porque ninguna represión, incluso triunfante, estabiliza a un gobierno agotado. Esto sucedió durante el 19 y 20 de diciembre de 2001. De la Rúa había ganado con el eslogan “convertibilidad sin corrupción”, pero lo que sostuvo su gobierno fue la corrupción diaria de un modelo económico que se había vuelto insostenible sin ejercer violencia directa sobre los que se caían día tras día; un modelo cuyo costo operativo no debe reducirse a los 39 muertos que produjo la represión durante las jornadas de 2001.
Recordemos: parejas de jubilados que se suicidaban tomados de la mano, dejando cartas en donde explicaban que ya no podían sobrevivir; batallones de desocupados y desocupadas que perdían las casas que alquilaban, se enfermaban de cáncer, morían de infartos, se sumían en la depresión y decidían abandonar este valle de lágrimas. Recordemos: familias enteras acampando en las calles de las ciudades, niños y niñas cazando y comiendo gatos, el timbre de las casas de barrio sonando constantemente porque siempre alguien preguntaba si había algún trabajo, pedía ropa o comida.
La variación hacia arriba de las nuevas tasas de mortandad infantil son la fría cifra que aporta la diferencia; situación que se constata en Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Corrientes y Catamarca. Mientras, el glifosato comienza a cobrar sus víctimas en los pueblos desparramados por la pampa húmeda. Desde aquel 2001, la apuesta a la soja y al glifosato no hace otra cosa que perfeccionar el modelo, apoyándose en los buenos precios agrarios internacionales. Ese “milagro”, permitido por el impacto de China en el consumo global de alimentos, explica el veranito K tras el estallido de 2001. Una cosa viene de la mano con la otra.
Retornemos al 19 y 20 de diciembre. Es cierto que quince años después, en 2016, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Enrique Mathov (hijo del radical que alguna vez caracterizara el 17 de octubre de 1945 como “aluvión zoológico”) y al jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, por haber ordenado y dirigido una masacre. No es menos cierto que Fernando de la Rúa –el hombre del que Mathov y Santos eran funcionarios– murió impune en su cama. El presidente que compró senadores a precio vil, como denunció la tapa del diario La Nación, fue absuelto en la causa: un mimo de la “familia judicial” -El 26 de abril del año 2000, el Senado aprobó una ley de flexibilización laboral denominada jocosamente “ley Banelco”, porque se sancionó mediante el pago de sobornos a senadores radicales y peronistas. Según afirmaron los denunciantes, entre ellos el vicepresidente de la república, Carlos “Chacho” Álvarez, el dinero había salido de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-. Por tal motivo, Álvarez renunció al cargo-.
No es que faltaran pruebas condenatorias, sino que no existía –ni existe– voluntad política para hacerlas valer.
Del mismo modo, Carlos Menem falleció libre y absuelto. Bajo su gobierno, se produjeron los tres atentados más importantes de la historia argentina: a la Embajada de Israel –22 muertos, 242 heridos–, a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) –85 muertos, 300 heridos– y la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero y parte de esa ciudad –7 muertos, más de 300 heridos–. El Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 concluyó por unanimidad que las explosiones en la ciudad de Río Tercero se hicieron para destruir pruebas del contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, un delito que –como también se demostró judicialmente– fue planeado por Menem, que luego garantizó sus fueros para la impunidad integrando el Senado desde la bancada oficial kirchnerista. Murió el 14 de febrero de 2021. Hubo tres días de bandera a media asta. El político responsable de muertes para ocultar su corrupción fue enterrado con todos los honores de un presidente republicano. Alberto Fernández firmó el decreto correspondiente. En el Senado de la “democracia de la derrota”, nadie se inmutó.
Durante el “menemato”, los ministros cobraban sobresueldos ilegales que se prueban de manera fehaciente sólo por sus declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en las que los sumaban como parte de su ingreso para justificar el crecimiento exorbitante de sus patrimonios. Pese a eso, hoy marchan orondos por las callecitas del mundo. La excepción es María Julia Alsogaray: ella sí pagó por las “desprolijidades” menemistas. Ese eufemismo modula, convenientemente rebajada, una corrupción sistémica que, como se vio, puede incluso asesinar. Y si María Julia pagó, mientras que tantos otros siguieron impunes y formando parte de la política argentina, fue porque se exhibió como varón siendo mujer y, encima, deseable. Las reglas del patriarcado son claras y de cumplimiento obligatorio.
Era la época en que Domingo Cavallo, que acababa de abandonar el Ministerio de Economía de Menem, recibía doctorados honoris causa en las grandes universidades europeas y lo invitaban a dictar seminarios en su carácter de experto global. Cierto es también que al “autor del milagro argentino” le suspendieron el dictado de alguno que otro por indignación moral –sucedió en Harvard, por ejemplo–. Eso no le impidió volver al ministerio con De la Rúa. La impunidad estuvo y está garantizada para los funcionarios de la “democracia de la derrota” (el caso de Cristina Kirchner, juzgada y condenada sin atenerse a derecho, merece una lectura particular. Pero cuidado, esto no supone que no haya existido enriquecimiento ilícito, sino que el juicio no lo probó). Impunidad que incluye, es justo recordarlo, los tres atentados que ninguno de los tres gobiernos subsiguientes jamás investigó.
Alberto Nisman es el nombre propio de esa deuda. El hombre que debía encabezar una investigación sustantiva recibía la data de los servicios que se ocupaban de encubrirla. Más allá de nuestra opinión sobre la muerte de Nisman (¿suicidio inducido?, ¿asesinato?), lo que no tiene discusión es que ni con su trabajo ni con su ausencia la investigación avanzó algún centímetro. Nisman murió hace más de ocho años, y la justicia no sabe nada que no se supiera antes de su “esforzado aporte”.
-Alejandro Horowicz es Doctor en Ciencias Sociales “summa cum laude” por la Universidad de Buenos Aires. Fue columnista de las revistas “Primera Plana”, “Competencia” y “Contraeditorial”, de los diarios “La Opinión”, “Convicción”, “Clarín”, “Sur”, “Perfil”, “BAE”, “Tiempo Argentino” y director del mensuario “Consignas”. Ha publicado el ya clásico “Los cuatro peronismos” (1985), “El país que estalló” (2005), “Las dictaduras argentinas” (2013) y “El huracán rojo. De Francia a Rusia 1789-1917” (2019). Su último libro es “El kirchnerismo desarmado. La larga agonía del cuarto peronismo” (Ariel), del cual este texto es un fragmento.
por Alejandro Horowicz
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