El juez federal Ariel Lijo tomó distancia del criterio del fiscal Gerardo Pollicita en la investigación patrimonial contra Manuel Adorni y analiza solicitar nuevas medidas de prueba antes de aceptar que la causa deje de investigarse como presunto enriquecimiento ilícito y pase al fuero Penal Económico por una eventual evasión tributaria. La principal diferencia entre ambos funcionarios judiciales está relacionada con la explicación que presentó el exjefe de Gabinete sobre el origen de los más de 500.000 dólares que utilizó para justificar sus adquisiciones inmobiliarias, refacciones y gastos familiares.
Según reconstruyó MDZ Online en base a fuentes cercanas a Lijo, desde el entorno del magistrado consideran que las explicaciones de Adorni "no cierran" y que todavía existen interrogantes que impiden descartar definitivamente la hipótesis de un incremento patrimonial injustificado. La postura de Lijo representa un contrapunto con el dictamen que Pollicita presentó el 6 de noviembre, cuando consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación de enriquecimiento ilícito y solicitó que el expediente fuera remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
El fiscal entendió que no se había podido demostrar que el crecimiento patrimonial de Adorni se hubiera producido como consecuencia del ejercicio de la función pública y consideró que la explicación de la defensa sobre sus inversiones en criptomonedas no había podido ser refutada. Sin embargo, el planteo no implicó un sobreseimiento ni el cierre de la investigación, sino un cambio de enfoque judicial que ahora debe resolver Lijo.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y puso bajo la lupa la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Durante ese período, la fiscalía identificó gastos por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. También detectó una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos acreditados y las erogaciones, adquisiciones y cancelaciones de deudas registradas. La magnitud de esos movimientos llevó a investigar cómo había financiado Adorni el crecimiento de su patrimonio y de qué manera podía justificar operaciones que no parecían guardar una relación evidente con sus ingresos declarados.
Entre las operaciones examinadas aparecen la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares; la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares; refacciones inmobiliarias, viajes al exterior, alquileres temporarios, mobiliario, expensas y gastos escolares. Uno de los episodios que generaron mayores interrogantes fue la remodelación de la propiedad residencial bonaerense en la que el contratista Matías Tabar declaró que había recibido 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados, sin emitir las facturas correspondientes, mientras que el exjefe de Gabinete había sostenido que el costo de las refacciones era de 175.000 dólares.
La explicación central del exportavoz de Casa Rosada fue que una parte sustancial del dinero utilizado para afrontar esos gastos no provenía de su actividad como funcionario, sino de inversiones realizadas muchos años antes de ingresar al gobierno libertario. Según el descargo presentado por su defensa, el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, habían reunido aproximadamente 200.000 dólares mediante ahorros profesionales y una herencia familiar. Entre 2014 y 2018 habrían destinado ese capital a la compra de Bitcoin, mediante operaciones particulares en las que entregaban dólares en efectivo a vendedores y recibían criptomonedas a cambio.
De acuerdo con esa versión, las inversiones experimentaron una fuerte revalorización y posteriormente fueron vendidas por una suma que la defensa calculó en 591.544,61 dólares. Adorni sostuvo que conservó ese dinero en efectivo, fuera del sistema bancario, y que recurrió a esos fondos para financiar las operaciones inmobiliarias y los gastos que quedaron bajo investigación. Para respaldar su relato presentó ocho direcciones de billeteras virtuales, conocidas como cold wallets, que permiten almacenar criptomonedas sin mantenerlas conectadas permanentemente a Internet. La estrategia defensiva consistió, precisamente, en demostrar que el origen del dinero era anterior a su ingreso a la función pública y que, por lo tanto, no podía atribuirse el incremento patrimonial a un eventual aprovechamiento de su cargo.
Sin embargo, allí aparece uno de los principales motivos de las dudas de Lijo. La existencia de las billeteras y la posibilidad de acceder actualmente a ellas no demuestran, por sí solas, que Adorni haya sido su titular o controlador durante el período en el que asegura haber realizado las inversiones. Las pericias informáticas permitieron verificar la existencia de las direcciones digitales, su actividad histórica y el acceso actual a las claves, pero no consiguieron establecer de manera concluyente quién las administraba entre 2014 y 2018. Tampoco pudieron identificar a las personas que habrían participado de las compraventas particulares ni reconstruir completamente las entregas de dólares en efectivo que, según la defensa, dieron origen a las operaciones.
En otras palabras, la prueba técnica acreditó que las billeteras existen y que contienen antecedentes de movimientos compatibles con la actividad en criptomonedas, pero no permitió reconstruir de manera independiente toda la historia que Adorni presentó para justificar su patrimonio. En el entorno de Lijo consideran que aceptar sin mayores verificaciones la explicación de las criptomonedas podría sentar un precedente peligroso para futuras investigaciones patrimoniales. La preocupación apunta a que una persona investigada pueda justificar grandes sumas de dinero mediante activos digitales cuya titularidad histórica y origen no puedan comprobarse con facilidad.
Ese escenario es uno de los motivos por los que el magistrado no tendría intención de resolver apresuradamente el planteo de Pollicita. Antes de desprenderse del expediente, podría ordenar que se profundicen las pericias sobre las billeteras digitales, se reconstruya el origen de los fondos y se identifique a las personas que intervinieron en las operaciones. También deberá evaluar si las pruebas reunidas permiten descartar efectivamente el enriquecimiento ilícito o si todavía existen elementos que justifican mantener abierta esa línea de investigación.
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