La noche en que Fabrizia terminó en el hospital con los ojos irritados por el gas pimienta, el Ministerio de Seguridad ya tenía una explicación. Según la versión que su número dos dio en televisión, la responsable era una mujer vestida de naranja que estaba cerca de la nena. Dos años después, el condenado por el ataque es un oficial de la Policía Federal. Y el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, anunció que denunciará por presunto encubrimiento a Patricia Bullrich, la ministra que defendió la actuación de la fuerza.
“Ahora vamos por Bullrich y Monteoliva”, anticipó el querellante tras conocerse el veredicto. Se refería a Alejandra Monteoliva, entonces secretaria de Seguridad y una de las funcionarias que salió a explicar qué había pasado frente al Congreso. La condena que dictó el miércoles 11 de noviembre el juez federal Daniel Rafecas alcanza al policía Cristian Miguel Rivaldi. Lo que Dalbón quiere que la Justicia investigue ahora es cómo se construyó y difundió aquella versión.
El 11 de septiembre de 2024, Fabrizia, de diez años, había ido con su mamá, Carla, a una marcha en apoyo a los jubilados. La Cámara de Diputados trataba el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Las dos estaban sentadas en la calle cuando Rivaldi las roció con gas. En su pedido de indagatoria, el fiscal Eduardo Taiano destacó un detalle que se veía en la grabación incorporada a la causa: ni la madre ni la hija ofrecían resistencia. A la nena le diagnosticaron conjuntivitis química en el Hospital Santa Lucía.
También hubo cámaras del otro lado del cordón policial. Al día siguiente de la marcha se conocieron imágenes tomadas desde atrás de los uniformados que mostraban de dónde había salido el gas. Para entonces, Monteoliva ya había dicho en TN que los policías ni siquiera estaban cerca de la nena en ese momento.
El episodio tampoco frenó la carrera de Rivaldi. En abril de 2025, cuando la causa avanzaba hacia su indagatoria, Página/12 informó que el oficial había pasado a desempeñarse como jefe de operativo. La promoción posterior al ataque también quedó consignada en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados.
La fiscalía había pedido un año y seis meses de prisión. La querella, que representa a la madre y a la hija, había solicitado una pena de un año y ocho meses para el agente federal. Rafecas lo encontró culpable de lesiones leves e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso y dos años y seis meses de inhabilitación.
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