"Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", posteó Patricia Bullrich en su cuenta de X. En redes sociales, una vez más, la senadora libertaria se diferenció del Gobierno Nacional conducido por Javier Milei. En esta oportunidad, refiriéndose al tema de la Ley de Discapacidad, un tópico muy espinoso para la cúpula de La Libertad Avanza.
La decisión de Bullrich de avanzar con una nueva Ley de Discapacidad en el Senado, sin aceptar las modificaciones que pretendía introducir la administración de Milei, abrió un nuevo frente de tensión dentro de LLA y dejó al descubierto las diferencias entre la conducción política del oficialismo y el sector económico de la Casa Rosada. La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el régimen de emergencia por un esquema de prestaciones y financiamiento permanente, garantizar la continuidad de las pensiones no contributivas y establecer mecanismos de control sobre los beneficiarios.
El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 22 de octubre, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Posteriormente, el 4 de noviembre consiguió dictamen de mayoría en un plenario de comisiones del Senado, bajo la conducción política de la misma Bullrich, y quedó encaminado para su tratamiento en el recinto, previsto para el 19 de noviembre. La senadora consiguió sostener el texto que había llegado de Diputados, con el respaldo de legisladores del justicialismo, la UCR, el PRO, Convicción Federal y otros espacios provinciales. La amplitud de ese acuerdo resultó particularmente significativa porque permitió avanzar sobre una cuestión en la que el propio oficialismo mantenía diferencias internas.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y su compatibilidad con el empleo formal. El texto establece que una persona con discapacidad podrá conservar la prestación aunque consiga trabajo, siempre que sus ingresos netos no alcancen o superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si supera ese límite y posteriormente pierde el empleo o vuelve a percibir ingresos inferiores, podrá solicitar la rehabilitación del beneficio. La disposición busca evitar que las personas deban elegir entre cobrar una pensión y acceder a un empleo registrado, una incompatibilidad que había sido uno de los puntos más cuestionados de la política que pretendía impulsar el Ejecutivo.
También establece que la pensión por invalidez laboral o discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. En cuanto a los requisitos de acceso, contempla la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la acreditación de identidad, edad y nacionalidad, además de una evaluación socioeconómica. En cuanto para las personas extranjeras se fija una exigencia de cinco años de residencia legal y continua en el país. De esta manera, el proyecto combina la continuidad de los derechos y las prestaciones con mayores exigencias administrativas y controles sobre quienes reciben la asistencia estatal.
La propuesta también contempla auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones necesarias para cobrar las pensiones. No obstante, establece garantías procedimentales para evitar suspensiones arbitrarias: cuando se detecten posibles irregularidades, las personas deberán recibir una notificación fehaciente y dispondrán de 60 días para presentar su descargo antes de que la autoridad competente resuelva la situación. La intención es establecer un mecanismo de fiscalización que permita detectar incompatibilidades y eventuales fraudes sin dejar desprotegidas a las personas que dependen de esos ingresos.
Otro punto fundamental es la continuidad del programa Incluir Salud, que garantiza prestaciones médicas a titulares de pensiones no contributivas, así como el sostenimiento de las coberturas previstas por la Ley 24.901. El proyecto también preserva el nomenclador de prestaciones, que establece los valores de referencia para servicios como transporte, tratamientos, rehabilitación, centros de día y acompañamiento terapéutico. A esto se suma la obligación de establecer un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores, con plazos de regularización, y la garantía de que el financiamiento destinado al sistema no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
La discusión más profunda, sin embargo, está relacionada con el financiamiento. El Gobierno de Milei pretendía modificar sustancialmente el régimen vigente y había incorporado cambios en el proyecto de Presupuesto 2027 que generaron un fuerte rechazo entre organizaciones de discapacidad, prestadores y legisladores aliados. Entre las modificaciones que impulsaba figuraban la eliminación de la actualización automática de los aranceles según la inflación, la modificación del nomenclador único para que las obras sociales y prepagas pudieran negociar sus propios valores y el reemplazo del criterio de discapacidad basado en un modelo social y de derechos humanos por otro centrado en la invalidez laboral. También pretendía establecer mayores restricciones para acceder a las pensiones y eliminar su compatibilidad con el trabajo formal.
La posición del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, estaba fundamentalmente relacionada con el costo fiscal que implicaría sostener las prestaciones y garantizar las actualizaciones. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto consensuado podría representar un costo fiscal cercano a los 600.000 millones de pesos en 2027, equivalente al 0,04% del PBI, y de aproximadamente 1,2 billones de pesos en 2028, equivalente al 0,07% del producto. A esto se suma la deuda acumulada con los prestadores, estimada en unos 278.323 millones de pesos por la misma fuente. El problema para el equipo económico es que el nuevo esquema compromete recursos presupuestarios y limita la posibilidad de reducir el gasto mediante cambios en las prestaciones.
La resistencia de Bullrich a introducir las modificaciones solicitadas por la Casa Rosada fue el detonante inmediato del enfrentamiento. La jefa del bloque libertario decidió mantener el acuerdo parlamentario y no modificar el proyecto. La decisión respondió a una cuestión de estrategia: introducir cambios podía poner en peligro los consensos que había conseguido construir con los bloques opositores y aliados, comprometiendo la posibilidad de obtener una mayoría amplia en el recinto.
La tensión también tiene antecedentes. En septiembre, cuando se conocieron las modificaciones que el Poder Ejecutivo había incorporado al Presupuesto 2027, Bullrich manifestó públicamente su sorpresa y cuestionó que la cuestión no hubiera sido discutida previamente dentro de la mesa política del Gobierno, de la que ella formaba parte. "No estaba enterada, tenemos que corregir eso", sostuvo en declaraciones radiales. Además, advirtió que la situación resentía las relaciones internas porque, como jefa de una bancada oficialista, quedaba expuesta frente a sus interlocutores parlamentarios por decisiones que desconocía.
El episodio dejó en evidencia una contradicción entre dos sectores del propio oficialismo. Por un lado, el equipo económico de Caputo busca preservar el programa de ajuste fiscal y limitar los compromisos presupuestarios permanentes. Por el otro, Bullrich, desde la conducción del bloque libertario en el Senado, necesita garantizar acuerdos políticos que le permitan al Gobierno aprobar sus iniciativas y evitar nuevas derrotas legislativas. En este caso, la senadora consideró que aceptar las exigencias económicas de la Casa Rosada podía significar perder los votos necesarios para sancionar una norma que ya había conseguido un respaldo transversal en Diputados.
El enfrentamiento por discapacidad se suma a otros cortocircuitos entre Bullrich y el entorno presidencial. En las últimas semanas, la senadora también había buscado diferenciarse de Luis Caputo por el anuncio de la suspensión de los embargos de ARCA a las pequeñas y medianas empresas, una medida que aseguró haber reclamado durante mucho tiempo. A eso se sumó la decisión de organizar reuniones con su propia mesa política, un movimiento que despertó suspicacias en Balcarce 50 por las versiones sobre sus aspiraciones presidenciales para 2027.
En la Casa Rosada interpretaron que la senadora estaba comenzando a construir un espacio de poder propio, con interlocutores políticos y capacidad de negociación independiente. El hecho de que haya conseguido sostener un acuerdo con sectores opositores frente a las objeciones del equipo económico representa una demostración de fuerza: Bullrich no solamente controla una bancada fundamental para la agenda legislativa, sino que también puede articular mayorías por fuera de las instrucciones que pretende imponer el núcleo más cercano al Presidente.
El resultado de la votación prevista para el 19 de noviembre será una prueba importante para esa relación. Si el Senado convierte el proyecto en ley, Bullrich habrá conseguido una victoria política propia, demostrando que puede construir consensos incluso cuando la Casa Rosada pretende imponer otro camino. Para Milei, en cambio, el desafío será decidir si acepta un texto que compromete recursos públicos que su equipo económico prefería restringir o si vuelve a confrontar con el Congreso mediante un eventual veto, una alternativa políticamente costosa después de los antecedentes de 2025.
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