Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el Gobierno avanzó con un plan de recorte del Estado que implicó la disolución, fusión o transformación de más de un centenar de organismos públicos. La estrategia, identificada por el propio oficialismo como “la motosierra”, se instrumentó a través de decretos de necesidad y urgencia, la Ley Bases y las facultades delegadas por el Congreso, con el objetivo de reducir el gasto y concentrar funciones.
El proceso tuvo un fuerte impacto en el empleo público y en áreas sensibles como discapacidad, derechos humanos, cultura y comunicación estatal. Según cifras oficiales y sindicales, los recortes incluyeron decenas de miles de despidos y el cierre de estructuras históricas del Estado.
Entre los organismos más emblemáticos alcanzados por la reestructuración se encuentran tres que se convirtieron en símbolos del ajuste: INADI, Agencia Télam y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El INADI fue cerrado en febrero de 2024 y sus funciones pasaron al Ministerio de Justicia. La decisión generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores políticos que interpretaron la medida como un retroceso en las políticas contra la discriminación.
Télam, por su parte, fue intervenida en marzo de 2024 y luego reconvertida por decreto en una agencia de publicidad estatal. Desde entonces dejó de cumplir funciones periodísticas plenas y su personal fue reasignado a otros medios públicos o quedó en situación de indefinición. El Gobierno ya anunció su intención de avanzar con una privatización total.
El caso más reciente es el de la ANDIS, disuelta en diciembre de 2025 mediante el DNU 942. Sus competencias, entre ellas la gestión de pensiones por invalidez, fueron transferidas al Ministerio de Salud. La medida se conoció en medio de un escándalo por presuntas irregularidades internas y derivó en la salida de funcionarios de alto rango.
El ajuste también alcanzó al área cultural. El antiguo Centro Cultural Kirchner fue rebautizado como Palacio Libertad y perdió autonomía administrativa, mientras que el Instituto Nacional del Teatro y el INCAA fueron reconvertidos en unidades organizativas con fuertes recortes de presupuesto y personal. En paralelo, la Secretaría de Cultura fue degradada dentro del organigrama estatal.
Antes del vencimiento de las facultades delegadas por la Ley Bases, en julio de 2025, el Gobierno aceleró la disolución de organismos vinculados al transporte y la obra pública. Entre ellos se incluyeron la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT, cuyas funciones fueron centralizadas o transferidas a nuevas estructuras.
También se eliminaron institutos y entes en áreas como agricultura, salud y ambiente, además de una amplia lista de fondos fiduciarios, como el Fondo Estabilizador del Trigo y el Procrear. Para el oficialismo, estas decisiones permitieron reducir gastos y “ordenar” el Estado; para la oposición y distintos sectores sociales, significaron el desmantelamiento de políticas públicas clave.
El cierre y reconversión de estos organismos se convirtió en uno de los ejes más controvertidos de la gestión Milei y sigue siendo motivo de debate político, judicial y social.
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