La Justicia federal ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195 para garantizar el pago de una deuda que el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, reclama al Gobierno de Javier Milei por la falta de provisión de medicamentos e insumos destinados a las personas con discapacidad que residen en la institución.
Según la información publicada por La Política Online , la resolución judicial, que involucra a la cartera conducida por Mario Lugones, volvió a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado en la continuidad de los tratamientos médicos. El caso adquirió mayor repercusión porque el establecimiento recibirá al papa León XIV el próximo 9 de noviembre, en una visita que podría darle visibilidad internacional a la situación que atraviesa la entidad.
El reclamo corresponde a medicamentos, insumos sanitarios y productos necesarios para la atención cotidiana de los residentes, cuyos costos, según la documentación presentada por el Cottolengo, corresponden al período comprendido entre marzo y junio de 2026. El monto reclamado supera los $828 millones y se suma a otro conflicto reciente entre la institución y el Estado nacional: a comienzos de octubre, el Gobierno había cancelado una deuda anterior de más de $750 millones, que el establecimiento venía reclamando desde febrero.Sin embargo, el pago de aquella obligación no resolvió las diferencias entre las partes y la entidad denunció que persistían los incumplimientos vinculados con las provisiones correspondientes a los meses siguientes.
El Pequeño Cottolengo Don Orione es una institución dedicada a brindar alojamiento, asistencia integral, educación, rehabilitación y cuidados permanentes a personas con discapacidad. Según se calcula, allí viven alrededor de 400 personas y el predio funciona como una pequeña comunidad, con residencias, aulas, espacios de terapia y talleres destinados a promover la autonomía y el desarrollo de sus habitantes. La atención requiere medicamentos, pañales, productos dietoterápicos y otros insumos indispensables para la vida diaria. Por esa razón, la interrupción de las entregas puede comprometer la continuidad de tratamientos y aumentar las dificultades de una institución que debe sostener cuidados durante las 24 horas.
La controversia central gira en torno a cómo se gestionaban las prestaciones del programa federal Incluir Salud, destinado a brindar cobertura a personas que requieren asistencia sanitaria específica. Según los representantes del Cottolengo, el mecanismo no consistía en comprar los productos por cuenta propia, presentar las facturas y solicitar después un reintegro, sino en realizar pedidos de medicamentos e insumos que debían ser auditados por las autoridades competentes para luego recibir la cobertura en especie.
La postura oficial, expuesta en el expediente judicial, fue que la institución no había presentado las facturas correspondientes ni completado los trámites administrativos necesarios para habilitar el pago. La representación estatal sostuvo que no se había recibido una solicitud administrativa en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y cuestionó que los documentos aportados permitieran acreditar la deuda en los términos exigidos. Por eso pidió que se rechazara la pretensión del Cottolengo y que se exigiera documentación adicional, incluidas facturas y constancias que relacionaran los insumos con los tratamientos de los residentes.
Por su parte, la institución, en cambio, afirmó que sí había realizado las gestiones necesarias y presentó documentación para respaldar su posición. Entre los elementos incorporados a la causa figuran presupuestos de los medicamentos e insumos reclamados, listados de pacientes y constancias de los requerimientos cursados mediante Incluir Salud. También se incluyeron correos electrónicos enviados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en junio y septiembre de este año, en los que se reclamaba por la falta de entrega de los productos solicitados. La entidad consideró que el argumento de la ausencia de facturas no correspondía al sistema de cobertura utilizado y que, por lo tanto, no podía ser empleado para desconocer la obligación.
El abogado del Cottolengo, Pablo Díaz, cuestionó duramente la respuesta oficial. "Lo único que buscan es eludir su responsabilidad y dilatar la solución del problema", sostuvo, según las declaraciones reproducidas por La Política Online. El representante legal también calificó de arbitrarios los argumentos relacionados con la facturación y afirmó que el procedimiento consistía en solicitar los insumos, someterlos a auditoría y recibir posteriormente la cobertura correspondiente. La institución defendió así la validez de sus presentaciones y buscó demostrar ante el tribunal que el reclamo no era una deuda formulada sin respaldo administrativo.
Ante esa disputa, el juez federal Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ordenó trabar un embargo sobre las cuentas del Ministerio de Salud hasta cubrir los $828.708.195 reclamados. La resolución incluyó el libramiento de un oficio al Banco de la Nación Argentina para que los fondos alcanzados por la medida fueran transferidos a una cuenta de la institución.
Finalmente, la repercusión política del caso se explica también por la próxima visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, prevista para el 9 de noviembre. La visita papal se produce en un contexto en el que el establecimiento reclama recursos para sostener sus servicios y advierte sobre las dificultades provocadas por la falta de provisiones. En ese contexto, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la política de financiamiento de la discapacidad durante la administración de Javier Milei.
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