“¿Qué se le puede decir a la gente que el peronismo va a hacer en el caso de volver al gobierno?", le preguntaron a Máximo Kirchner en una entrevista streaming. El diputado nacional y actual presidente del Partido Justicialista bonaerense respondió: “Hay cuestiones que son tan remanidas muchas veces, pero la cuestión impositiva en Argentina debe ser abordada de manera madura y en serio. Este gobierno, por ejemplo, bajo bienes personales y nadie está viendo que esto haya servido para que la economía Argentino se dinamice”.
En su cuenta personal de la red social X, el usuario oficialista Agarra la pala difundió una propuesta del hijo de la expresidenta que preciso en el reportaje con respecto a bienes personales. “Una cosa que tiene que hacer el peronismo, por ejemplo, es poner bienes personales como estaba el 9 de diciembre. Estas declaraciones del referente del kichnerismo fue analizado por Jonatán Viale, en su programa televisivo, que señaló: “Lo primero que va a ser el peronismo es subir impuestos”.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei instaló una narrativa de alivio fiscal que tuvo como una de sus principales banderas la reforma del impuesto a los Bienes Personales, un tributo que siempre fue resistido por los sectores de mayores ingresos y patrimonios en la Argentina. La gestión libertaria planteó desde el inicio la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el capital como una forma de incentivar la inversión y frenar la fuga de activos hacia el exterior.
Con ese objetivo, el gobierno impulsó una modificación legislativa que estableció una baja progresiva de las alícuotas, que en los años previos habían alcanzado niveles considerados “confiscatorios” por la oposición de entonces, y fijó un sendero hacia la unificación de tasas que buscaba simplificar el esquema tributario. El Ejecutivo también promovió un régimen especial de cancelación anticipada, que permitió a quienes tuvieran patrimonios elevados pagar por adelantado una suma cerrada y con ello quedar liberados de futuras obligaciones, una medida que fue defendida como un incentivo a la repatriación de capitales y criticada por la oposición por ser un “perdón fiscal encubierto” a los sectores más ricos.
El gobierno de Milei argumentó que esta política se enmarcaba en su programa de “motosierra” contra lo que consideraba impuestos distorsivos y contrarios a la acumulación de ahorro privado, sosteniendo que un sistema más liviano estimularía tanto la inversión productiva como la formalización de activos en el país. La discusión parlamentaria fue intensa y contó con reparos de gobernadores y bloques opositores que advirtieron por la pérdida de recursos coparticipables, ya que Bienes Personales es uno de los impuestos de mayor recaudación para las provincias.
Sin embargo, la Casa Rosada logró imponer la reforma con el apoyo de sectores aliados bajo el argumento de que, en el mediano plazo, la reducción del tributo se compensaría con mayor actividad económica. En la práctica, la medida significó un alivio concreto para los contribuyentes de mayor patrimonio y se convirtió en uno de los símbolos de la gestión libertaria en materia fiscal, uniendo la promesa de rebaja impositiva con la búsqueda de atraer capitales que históricamente se resguardaban en el extranjero a través de un blanqueo.
Los resultados de esta maniobra fiscal, por parte del gobierno, son muy cuestionados. Se especulaba que habría una reactivación de inversiones en el plano local que podría mejorar una economía con notables signos de recesión. Por el contrario, desde la oposición sostienen que esta medida no tuvo impacto alguno en lo microeconómico y solo sirvió para mejorar a un reducido estamento social.
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