El periodista Ramón Indart entrevistó al activista digital libertario Fran Casaretto. En un fragmento viralizado del reportaje, el tuitero reconoció con suma crudeza que le pagaron un millón al mes para que no hable del escándalo que rodea a Manuel Adorni. "Me compraron el silencio. Si", reconoció Casaretto y aclaró: "Un millón por mes". "Depende del tuitero", cerró.
De esta manera, el creador de contenido libertario reconoció haber sido comprado para no mencionar a determinados dirigentes políticos en la red social X. Al ser consultado de manera directa sobre cuántas personas le habían pagado para evitar ser nombradas, Casaretto contestó que fueron "uno o dos". Ante la repregunta explícita sobre el monto de la transacción, el tuitero detalló que el valor del silencio depende de cada operador en las redes sociales.
Aunque en el recorte de la entrevista el joven admitió la operatoria monetaria general sin un señalamiento explícito de nombres de pila en el fragmento principal, las repercusiones políticas e informativas vincularon inmediatamente este modus operandi con el entorno de Manuel Adorni, dado que Casaretto ha sido uno de los pocos militantes digitales del espacio que guardó estricto silencio frente a las sucesivas denuncias que salpican al funcionario nacional.
Esta confesión sobre los pagos mensuales destinados a blindar reputaciones en plataformas digitales se produce en el momento de mayor vulnerabilidad para el Jefe de Gabinete, quien enfrenta un complejo entramado de sospechas judiciales e irregularidades patrimoniales conocido como el "escándalo Adorni". La situación del vocero reconvertido en ministro comenzó a complicarse severamente a raíz de una investigación impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, orientada a reconstruir la ruta de fondos y presuntas maniobras de lavado vinculadas a la adquisición y remodelación de una lujosa propiedad en el country Indio Cuá.
A este expediente se sumó la lupa de la justicia sobre una polémica compra de colchones y ropa de blanco por un valor de 8.100.000 pesos en la firma Rosen Store, una operación comercial que sospechosamente no fue facturada a nombre de Adorni sino presuntamente direccionada a través de su secretaria para ocultar al verdadero comprador.
El frente judicial y patrimonial del entorno de Adorni es amplio y sumó ribetes familiares de alto impacto. Por un lado, el fiscal Guillermo Marijuán inició actuaciones contra su hermano, Francisco Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa tras detectarse inconsistencias severas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, las cuales incluyen un llamativo préstamo de 60 millones de pesos devuelto en tiempo récord y un salto patrimonial injustificado.
Por el otro, la situación del propio Jefe de Gabinete se agravó al confirmarse que tanto él como su esposa debieron presentar declaraciones rectificativas para incorporar ahorros históricos omitidos y, posteriormente, decidieron acogerse al polémico régimen de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada a finales de 2025. Esta normativa, duramente criticada por la oposición por no excluir a los funcionarios públicos en ejercicio, funcionó como un paraguas de blanqueo para el matrimonio Adorni -Angeletti en medio de las sospechas por el origen de los fondos utilizados en sus inmuebles y las operaciones bajo la mesa que, según los propios protagonistas del aparato de propaganda, incluirían el desembolso de pautas encubiertas a tuiteros para evitar la propagación del descontento en las redes.
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