"Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!", celebró Victoria Villarruel en su cuenta de X, felicitando por el natalicio a uno de sus seguidores. La vicepresidenta no perdió la oportunidad de hacer referencia a los últimos dichos de Manuel Adorni en la arena mediática sobre su insólita fortuna, utilizando palaras cuidadosamente seleccionadas como "pendrive" y "cascada".
Hace apenas unas horas, Adorni reapareció públicamente en una entrevista concedida a José Del Rio en el programa Mesa chica de LN+. Luego de varios meses de cuestionamientos judiciales, políticos y mediáticos sobre la evolución de sus bienes personales, sus consumos, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros vinculados a criptomonedas. El jefe de Gabinete eligió conceder un reportaje televisivo para intentar cerrar una crisis que se convirtió en uno de los principales problemas políticos para el gobierno de Javier Milei.
Durante la nota, el funcionario libertario sostuvo que su patrimonio fue construido antes de su ingreso al gobierno nacional y rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Entre las frases más resonantes del reportaje, el coordinador de ministros admitió: "Ahorramos en negro como todos los argentinos". Cuando Del Rio le preguntó por qué esos fondos no habían sido declarados oportunamente, respondió: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", y también sostuvo: "Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años". Y defendió el origen de su patrimonio afirmando: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno".
Un momento significativo durante la entrevista fue cuando el dirigente de LLA reveló que presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que no figuraban en sus presentaciones originales. Según su propia explicación, la diferencia patrimonial rondaría los 500.000 dólares, monto cuya procedencia atribuyó a una combinación de ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.
En el reportaje, el aspecto más sensible fue precisamente la explicación sobre Bitcoin y otros activos digitales del Jefe de Gabinete. Adorni afirmó que había invertido aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas y que esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a 300.000 dólares, argumento utilizado para justificar buena parte del crecimiento patrimonial observado en los últimos años.
La explicación apareció después de que la investigación judicial comenzara a detectar movimientos en billeteras virtuales. El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió información proveniente de plataformas de activos digitales y ordenó profundizar la trazabilidad de esas operaciones para determinar montos, origen de los fondos y eventuales omisiones en las declaraciones patrimoniales. La cuestión cripto se transformó en uno de los ejes principales de la causa porque distintas publicaciones señalaron que al menos dos billeteras virtuales habrían movilizado cerca de 80.000 dólares que no aparecían en la declaración jurada correspondiente a 2024. Los investigadores también habrían puesto bajo observación otras wallets vinculadas al entorno patrimonial del funcionario.
Sin embargo, el frente judicial que enfrenta Adorni es mucho más amplio que las criptomonedas. La controversia comenzó a crecer a partir de marzo, cuando aparecieron cuestionamientos sobre gastos personales, viajes y propiedades cuyo valor parecía difícil de compatibilizar con los ingresos oficialmente declarados. Uno de los episodios que más impacto político tuvo fue el viaje a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante una gira oficial. Las revelaciones sobre gastos vinculados a pasajes, viáticos y alojamiento alimentaron preguntas sobre la verdadera dimensión del patrimonio familiar, que derivaron en cuestionamientos por vuelos a Punta del Este en aeronaves privadas y sospechosos bienes inmuebles.
La investigación luego avanzó sobre una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en el norte bonaerense, tras una denuncia de la legisladora Marcela Pagano. Allí adquirió relevancia la declaración del contratista Mariano Tabar que afirmó haber realizado obras de refacción de alta gama cuyo costo habría ascendido a unos 245.000 dólares, gran parte abonados en efectivo y sin documentación respaldatoria. Esa declaración es una de las piezas más importantes que hoy analiza la Justicia.
Los investigadores intentan determinar quién financió efectivamente esas remodelaciones, entre las que figura una extravagante cascada artificial, y de dónde provenían los fondos utilizados y si esos desembolsos fueron reflejados en las declaraciones patrimoniales. Las sospechas se profundizaron porque el monto de las obras prácticamente duplicaría el valor originalmente atribuido a la propiedad.
Otro capítulo importante involucra la compra y posterior evolución patrimonial de un departamento en Caballito. Diversos informes señalaron inconsistencias entre los ingresos declarados y la capacidad financiera necesaria para adquirir el inmueble, afrontar reformas y sostener simultáneamente otras propiedades. Ese expediente se complementa con el análisis de créditos, movimientos bancarios, alquileres y operaciones inmobiliarias asociadas al grupo familiar.
En paralelo, la Justicia también analiza el patrimonio de Bettina Angeletti. Su situación cobró especial relevancia porque varias operaciones patrimoniales aparecen vinculadas al matrimonio y porque algunas propiedades se encuentran registradas a su nombre. En este contexto surgió otro hecho políticamente explosivo: la adhesión al régimen conocido como "Inocencia Fiscal", una herramienta creada por la Ley 27.799 impulsada por el propio gobierno de Javier Milei. La norma elevó los umbrales para configurar delitos tributarios y creó mecanismos simplificados para regularizar activos e ingresos no declarados.
Según la información conocida esta semana, primero ingresó al régimen de la pareja del funcionario y posteriormente el propio Adorni solicitó acogerse al sistema simplificado. La decisión provocó fuertes críticas porque el libertario utilizó una herramienta diseñada por la misma administración libertaria mientras enfrenta una investigación patrimonial.
Los especialistas consultados por distintos medios coinciden en que la adhesión a la Inocencia Fiscal puede tener efectos tributarios, pero no impide ni paraliza una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o corrupción. Por eso, aun después de las rectificaciones patrimoniales anunciadas por Adorni en LN+, la causa judicial continúa abierta y el fiscal mantiene medidas de prueba sobre inmuebles, consumos, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas.
La defensa pública presentada por el principal vocero de Casa Rosada en la entrevista con José Del Rio se apoyó en cuatro pilares: admitir la existencia de ahorros no declarados; sostener que esos fondos fueron obtenidos antes de ingresar al gobierno de LLA; atribuir una parte sustancial de su fortuna a ganancias con Bitcoin y otras criptomonedas; y regularizar la situación mediante declaraciones rectificativas e ingreso al régimen de Inocencia Fiscal. La Justicia, sin embargo, todavía intenta verificar si esas explicaciones alcanzan para justificar la totalidad del patrimonio, las operaciones inmobiliarias investigadas, las refacciones cuestionadas y los movimientos financieros detectados durante los últimos meses.
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