En el “amigo invisible”, una persona recibe obsequios sin saber de quién. El obsequiado no colabora con su obsequiador. No le da dinero para que pague los regalos ni le indica sus preferencias. Simplemente recibe los obsequios.
Donald Trump tuvo un amigo invisible en las elecciones del 2016. Los regalos que recibía eran actos de sabotaje contra su rival. Igual que en el juego, el beneficiado por las operaciones contra Hillary Clinton no actuaba en coordinación con su benefactor. La diferencia es que Trump sabía quién era su amigo invisible. De tal modo, una pregunta que en algún momento deberá responder, es por qué no denunció al poder externo que conspiraba para favorecerlo.
A esa pregunta no tenía que responderla el fiscal especial que investigó la trama rusa. A Robert Mueller le habían encomendado dilucidar sólo dos cuestiones: ¿hubo colusión entre Trump o sus colaboradores con la injerencia rusa? ¿cometió el presidente obstrucción de la Justicia? Y lo que hizo en su informe ese fiscal especial fue atenerse a los límites establecidos a su investigación.
En términos generales, sus respuestas favorecieron a Trump. No hubo colusión entre la campaña del magnate y los agentes rusos que conspiraron contra la campaña demócrata. Tampoco puede afirmar que el presidente haya cometido obstrucción a la Justicia, aunque aclara que le es igualmente imposible afirmar lo contrario.
Trump festejó como si lo hubiesen proclamado santo. Si la derrota era que el informe dijera “hubo colusión” y “hubo obstrucción”, entonces lo ocurrido resultó un triunfo. Sin embargo, en el juicio que hará la historia y, en el mediano plazo, la política norteamericana, ese triunfo podría revertirse en derrota.
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Ocurre que los magistrados norteamericanos no actúan como actuó Sergio Moro con Lula en el caso del tríplex de Guarujá. La regla en Estados Unidos es ceñirse a las pruebas, dejando de lado las convicciones e intuiciones personales. El fiscal Kenneth Starr no elevó a juicio el caso contra Bill Clinton que había investigado durante años. Una empleada estatal de Arkansas, Paula Jones, demandó al entonces gobernador por exhibición obscena sin su consentimiento.
La mujer acudía al trabajo vistiendo de maneras exageradamente sensuales y el gobernador era conocido por su adicción al sexo. Esos elementos orientaban el sentido común del fiscal, pero al no encontrar una prueba que certifique la afirmación de la denunciante, Kenneth Starr se abstuvo de elevar el caso a juicio, aunque en el transcurso de la investigación se produjo el “perjurio” que llevó al líder demócrata, a esa altura presidente, a un juicio político. Tampoco Mueller dio lugar a sus impresiones personales en las conclusiones de su investigación. Y también es posible que algunos elementos surgidos en esa larga pesquisa deriven en posteriores juicios contra Trump.
La contracara de ese apego a la prueba por sobre la convicción personal, está en Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula porque dio por cierta la palabra del “delator premiado”, a pesar de que no pudo corroborarla con ninguna prueba contundente.
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Si Mueller hubiera querido una porción de poder como la que consiguió Sergio Moro de Bolsonaro, el principal beneficiado por el encarcelamiento de Lula, su informe no hubiera sido tan puntillosamente apegado a la regla, sino que habría intentado o bien causar a Trump el traspié que esperaba la oposición demócrata para impulsar un impeachment, o bien, favorecer de lleno al presidente para que quede debiéndole un gran favor. Pero dejando tentaciones y demagogias de lado, su informe no hace ni una cosa ni la otra. Favorece a Trump en el corto plazo, pero lo deja mal parado frente al veredicto de la historia. Incluso, posiblemente, sobre el escenario político del mediano plazo.
Sucede que el informe Mueller confirma lo que ya habían afirmado la CIA y el FBI: Rusia interfirió en el proceso electoral del 2016. La parte del informe que Trump anunció con estridente triunfalismo y usará como prueba de victoria contra la “caza de brujas” que denunció desde el inicio del caso, es que su equipo no coordinó acciones ni colaboró con la conspiración rusa.Lo que no explica el presidente ni su fiscal general, William Barr, es por qué, sabiendo el equipo de Trump (y seguramente el propio candidato) que existía una conspiración rusa para perjudicar a Hillary Clinton, no la denunciaron públicamente.
¿Acaso no era esa denuncia lo que les imponían el deber ético y el sentido patriótico? Tanto el resumen de William Barr como el que ese funcionario había recibido del mismísimo Robert Mueller, señalan puntualmente que no se detectaron coordinaciones “con el gobierno de Rusia en sus actividades de interferencia en las elecciones”. Esa sola frase da por sentado que el informe confirma lo que ya habían denunciado las agencias de inteligencia: hubo injerencia rusa. Esa injerencia fue para perjudicar una campaña y beneficiar a otra.
En Europa existen serias sospechas de que el Kremlin ha conspirado en varios procesos electorales occidentales, cuidándose de no involucrar a los beneficiarios de sus acciones, porque involucrándolos los perjudica en caso de que la conspiración sea descubierta.
Para que un escuadrón de hackers robe información confidencial que Moscú hará difundir a través de WikiLeaks, y para que un ejército de trolls manipulen la opinión pública y orienten el voto de millones de personas, Rusia no necesita la colaboración de los beneficiados por tales acciones. En absoluto.
La cuestión es si Trump y su círculo íntimo sabían o no que Rusia estaba operando a su favor. Pero esa no era la pregunta que debía responder Mueller. Por eso no la respondió. Su estricto apego a las reglas y a la ley se ve también en la respuesta sobre una posible obstrucción de Trump a la Justicia cuando echó al jefe del FBI, James Comey, porque pretendía seguir investigando la trama rusa, y a su secretario de Justicia, Jeff Sessions, por no frenarlo.
¿Es delito que un presidente eche al jefe del FBI y a un miembro de su gabinete? No. Delito no es.
¿Pudo ser la intención de Trump al echarlos protegerse del Rusiagate? Si. La lógica indica que esa fue su intención. No obstante, la cuestión no es “lo evidente”, sino “la evidencia”.
Que algo resulte evidente, no necesariamente implica que exista una evidencia. Por eso Mueller concluyó que, sobre la obstrucción a la Justicia, no hay delito, pero tampoco exoneración. Así respondió. Lo justo. Ni más, ni menos. Ahora pudo cantar victoria, pero quizá dentro de un tiempo, Trump deba responder por qué, en lugar de denunciar la injerencia rusa de la que seguramente estaba al tanto, prefirió callar y dejarse ayudar por “el amigo invisible.
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