¿Qué es la Ley de Victimas y cuál es su propósito principal?
De manera tradicional se ha sostenido que la participación de la víctima en el proceso penal se caracterizaba por ocupar un rol accidental y secundario, debido a las tensiones para el reconocimiento de facultades autónomas y de derechos y garantías que permitan ubicarla más allá de una fuente para elaborar el plexo probatorio. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma se fue transformando en forma paulatina a través de instrumentos internacionales, jurisprudencia nacional e internacional. Téngase en cuenta que la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas fue aprobado por la ONU en la asamblea 40/34 del año 1984, por ello este tema viene de larga data.
En nuestro país a partir de la sanción de la Ley 27.372 se reforzó la participación de las víctimas en los procesos penales reconociéndoles derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH y saldando, de alguna manera, el abandono histórico que éstas habían sufrido por parte del Estado en materia de acceso a la justicia. La nueva normativa ha traído avances sobre sus derechos y garantías en cada instancia del proceso penal (cabe aclarar que existe una etapa de “investigación”, otra de “juicio” y luego la de “ejecución”)
El propósito de la ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, brindarle asesoramiento, asistencia, protección, tratamiento digno, reparación pecuniaria y celeridad en el proceso, además de evitar la revictimización.
¿Cuándo se promulgó esta ley y cuál fue la motivación detrás de su creación?
La ley se promulgó en el año 2017 y modificó el código penal y el código procesal penal de la nación.
La motivación fue el reclamo que desde hace ya varios años, y luego de que la sociedad se viera sacudida por grandes tragedias como los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, Cromañón y Once, las figuras de víctimas que salían a pelear por su derechos, comenzaron a ser más reconocidas por el común de la gente, y sobre todo a ser acompañadas, no solo en su dolor, sino también en su lucha, podemos recordar el caso Piparo o Matías Bagnato de la Masacre de Flores solo por nombrar algunos.
En nuestro estudio brindamos asistencia a muchas víctimas de abuso sexual, estafas, lesiones entre otros más delitos, es clienta de nuestra Gisela Berger (ex de Scioli) y Fernanda Vives (ex de la Tota Santillán) por nombrar algunas personalidades que asistimos además de causas de transcendencia como la de Facundo Barreto un camionero que fue brutalmente asesinado en el año 2016 y en conjunto con el fiscal Rapazzo y el entonces intendente de Hurlingham Zabaletta se coordinó con interpol para lograr detener al imputado que se había fugado.
En la mayoría de los casos la realidad es que en la práctica si la víctima no se presenta (como parte) con un letrado, por si sola sigue quedando desampara pese a la flamante ley 27.372.
El ministerio público fiscal no brinda toda la asistencia que menciona la ley, y muchas veces torna indiferente la denuncia de la victima subestimando el hecho, salvo causas públicas que allí todo el accionar del estado judicial evoluciona rápidamente por la exposición de los medios.
Según su punto de vista y experiencia ¿Qué se podría hacer para encontrar una solución a la problemática?
A mi criterio hace falta una reforma integral del código penal sobre la elevación del máximo de las penas, la edad de inimputabilidad y también del régimen de minoridad, y no con parches debido a causas públicas que vienen reformando en parte su normativa.
Mi recomendación es que siempre la víctima de un delito debe asesorarse con su abogado de confianza y exija por el cumplimiento de sus derechos para lograr concluir con una sentencia digna con los tiempos actuales. Insisto que el estado tiene la obligación de asistir a las victimas durante todo el proceso, pese a que muchas veces no se cumple.
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por CEDOC
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