El dato central del relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires es que el 57 por ciento de los consultados considera que el Estado debería tener una presencia mayor. El resultado aporta una señal sobre las expectativas sociales respecto del papel estatal en un contexto atravesado por el debate sobre el ajuste, la reducción del gasto público y el alcance de las políticas sociales.
El trabajo se titula “Mapa de representación política: preferencias por un perfil de país y de dirigentes para construirlo” y fue realizado durante octubre de 2026 sobre 2.098 personas de todo el país. La cifra del 57% no aparece aislada: forma parte de un conjunto de respuestas que combina demandas de protección social y laboral con reclamos de orden y de menor presión impositiva. Sin embargo, el indicador contrasta con el 37% que prefirió ampliar el protagonismo del mercado. La diferencia muestra que, pese al avance de un programa económico que propone reducir la intervención pública, una mayoría de los encuestados continúa asociando al Estado con un papel relevante en la organización económica y social.
El relevamiento también detectó que el 64% prioriza la estabilidad laboral frente a la flexibilidad, elegida por el 32%. En materia productiva, el 55% se manifestó a favor de proteger la producción local, mientras que el 34% optó por una mayor apertura comercial. A su vez, el 53% prefirió la redistribución de los ingresos por sobre el reconocimiento al esfuerzo individual. En conjunto, esos indicadores describen una inclinación mayoritaria hacia un esquema con mayor protección del empleo, la industria nacional y una distribución más equitativa de los recursos.

Pero el estudio también expuso preferencias que complejizan esa lectura. Otro 53% reclamó una menor presión impositiva y el 56% priorizó el orden y la seguridad por encima de una mayor ampliación de libertades y garantías. Así, la encuesta no dibuja una sociedad alineada de manera uniforme con un modelo estatista o liberal, sino una combinación de demandas que atraviesan distintas tradiciones políticas: más presencia pública y protección social, pero también menos impuestos y mayor seguridad.
La segmentación por voto también constituye uno de los aspectos centrales del informe. Según el análisis del OPSA, los votantes de Milei y de Sergio Massa en el balotaje de 2023 mantienen posiciones contrapuestas sobre buena parte de los dilemas planteados. Entre quienes eligieron al actual Presidente predominan las preferencias por un Estado menos protagónico, menores impuestos, apertura comercial, flexibilidad laboral y mayor reconocimiento al esfuerzo individual. En el electorado que respaldó a Massa, en cambio, tienen mayor peso la redistribución, la estabilidad en el empleo, la protección de la industria nacional y la presencia estatal.
La investigación también evaluó la capacidad de representación de los principales dirigentes. Al preguntar quién tiene más posibilidades reales de mejorar la Argentina, Milei quedó primero con el 32%, seguido por Kicillof con el 26%. Sergio Massa obtuvo el 7% y Patricia Bullrich, el 3%. Un dato significativo es que el 28% respondió que ninguno de ellos tiene posibilidades de mejorar el país, mientras que el 4% no supo qué contestar.

En una eventual segunda vuelta presidencial entre el jefe de Estado y el gobernador bonaerense, el estudio registró un empate: ambos obtuvieron el 42%. El 13% manifestó que votaría en blanco o no concurriría a las urnas, mientras que el 3% no respondió. En la medición por espacios políticos, La Libertad Avanza reunió el 33%, el peronismo kirchnerista el 17% y el peronismo no kirchnerista el 14%. El PRO y la izquierda alcanzaron el 10% cada uno.
El dato del 57%, por lo tanto, adquiere relevancia no como una adhesión automática a una fuerza política, sino como parte de un mapa de preferencias sociales más complejo. La encuesta muestra que, aun en un escenario de fuerte discusión sobre el tamaño del Estado y el ajuste del gasto público, persiste una mayoría que se inclina por una intervención estatal más activa, al mismo tiempo que reclama alivio impositivo, seguridad y mejores condiciones económicas.
















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