El comunicado emitido por el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia el 1° de octubre de 2025 no es un hecho aislado ni anecdótico: es un síntoma preocupante de una cultura institucional que oscila entre el silencio cómplice frente a la corrupción y la severidad oportunista contra quienes se atreven a opinar fuera del guion.
La peligrosa deriva hacia la censura institucional
Quien suscribe, Dra. Cynthia Castro, en mi carácter de abogada con matrícula activa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Mat. C-1228-CPA-CR y abogada comprometida con la defensa de los derechos humanos, manifiesto mi seria preocupación ante el comunicado en cuestión, cuyo tenor refleja una peligrosa politización institucional desvinculada de los principios jurídicos que corresponde resguardar. Resulta inadmisible que un Colegio profesional, llamado a garantizar el respeto del Estado de Derecho, incurra en expresiones que revelan un notorio desconocimiento del marco constitucional y convencional vigente. Este tipo de manifestaciones no solo erosionan la legitimidad de la institución, sino que además socavan la credibilidad de la abogacía en su misión esencial de proteger los derechos fundamentales.
Libertad de expresión judicial: el punto ciego del Colegio
El blanco de este intento de disciplinamiento es la Dra. Carina Estefanía, camarista penal de Esquel y Presidenta electa de la Asociación de la Magistratura de Chubut. Su intervención en una entrevista radial no vulneró ni imparcialidad ni deber ético alguno: se limitó a expresar su preocupación por la situación institucional de la provincia. Sin embargo, el Colegio reaccionó con un comunicado restrictivo que, bajo una pretendida defensa de la “seriedad institucional”, constituye en realidad una forma de censura simbólica.
El derecho constitucional es inequívoco: el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos refuerza esa protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina (2008), dejó sentado que el debate público sobre el funcionamiento de las instituciones debe estar resguardado aun cuando incomode. Allí se estableció que sancionar a un periodista por criticar a la justicia era incompatible con una sociedad democrática. Si esa protección es robusta para periodistas y ciudadanos, lo es aún más para jueces que, en ejercicio de su rol, alertan sobre problemas estructurales que afectan al sistema de justicia.
El comunicado del Colegio desconoce ese estándar y pretende instalar la idea de que los magistrados solo pueden hablar dentro de un corsé corporativo. Ese razonamiento no solo es jurídicamente insostenible: es peligroso, porque reduce la democracia a un ritual formal sin voces críticas, un escenario donde la “prudencia” se convierte en excusa para la autocensura.
El doble estándar: silencio ante la corrupción, ruido ante la crítica
Lo más grave, sin embargo, no es lo que el Colegio dijo, sino lo que calla. Resulta llamativo –y escandaloso– que esta institución guarde silencio ante denuncias públicas y documentadas por hechos presuntamente constitutivos de corrupción en el Superior Tribunal de Justicia, hechos que socavan la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Frente a esos casos, silencio sepulcral. Frente a una opinión radial de una jueza, comunicado inmediato y lapidario.
Ese doble estándar desnuda la esencia de la maniobra: no se trata de cuidar la ética judicial, sino de preservar una estructura de poder. El Colegio elige cuidadosamente sus batallas: evita confrontar con quienes concentran autoridad real y prefiere atacar a una magistrada que, electa por sus pares, representa precisamente una renovación institucional. En otras palabras: se castiga la palabra crítica y se premia el encubrimiento.
Doctrina y democracia: el derecho a hablar sin miedo
La doctrina constitucional argentina ha sido contundente en este punto. Néstor Pedro Sagüés enseña que la libertad de expresión de los jueces debe estar garantizada siempre que no comprometa su imparcialidad ni afecte la confianza pública. La declaración de la Dra. Estefanía no interfirió con ninguno de esos parámetros. Roberto Gargarella, por su parte, advierte que la democracia no se agota en la existencia de instituciones formales: necesita un espacio público vibrante, plural, incómodo, donde las voces institucionales participen del debate sin temor a represalias.
La actitud del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia es exactamente lo contrario: pretende clausurar el espacio público, reducir el debate institucional a un eco complaciente y enviar un mensaje intimidatorio a todos los jueces de la provincia: “opinar cuesta caro”. Esa pedagogía del miedo degrada la independencia judicial, que no consiste solo en juzgar sin presiones directas, sino también en poder expresarse sin amenazas veladas de sanción o escarnio.
Un espejo de la crisis judicial en Chubut
El episodio es también un espejo de la crisis estructural que atraviesa la justicia chubutense. Mientras la ciudadanía percibe a los tribunales como espacios capturados por intereses políticos y económicos, las instituciones profesionales parecen más preocupadas por custodiar privilegios que por fortalecer el Estado de Derecho. No sorprende que en este clima la confianza pública se derrumbe: se protege al poder y se persigue al disidente.
En este contexto, la reacción contra la Dra. Estefanía funciona como una advertencia colectiva. No se trata solo de ella: el mensaje está dirigido a todos los operadores judiciales, abogados y jueces que se atrevan a señalar las falencias de un sistema corroído por el descrédito. El Colegio, lejos de erigirse en un escudo frente al poder, se ha transformado en un instrumento de disciplinamiento, exhibiendo así la decadencia institucional de la que no solo es parte, sino también actor y protagonista.
No es casual que las declaraciones de la Dra. Estefanía se hayan dado en un medio de comunicación independiente, de esos pocos espacios de prensa que no se pueden comprar ni someter. De allí la reacción desmedida: cuando la palabra surge en un ámbito libre, no controlado ni negociado, la respuesta inmediata del sistema es intentar silenciarla, “matar al mensajero”, en este caso a la jueza que se atrevió a hablar.
El deber del Colegio: rectificar o quedar marcado
Una institución profesional no puede darse el lujo de socavar derechos humanos básicos. Si el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia pretende ser tomado en serio, debe rectificar su postura y revisar no solo el contenido, sino el espíritu de sus intervenciones públicas. Debe abandonar la práctica de callar ante la corrupción y hablar solo para censurar. Debe recuperar su función histórica: ser garante de la ética pública, del derecho de defensa y de la libertad de expresión.
De lo contrario, quedará marcado ante la sociedad no como un defensor del Estado de Derecho, sino como un engranaje más de la maquinaria de silencios y complicidades que hunde a la provincia en una crisis moral e institucional.
Una democracia sin voces críticas no es democracia
El fondo de esta discusión excede a una jueza o a un comunicado. Lo que está en juego es la calidad misma de nuestra democracia. Una democracia sin voces críticas, sin debates incómodos, sin opiniones divergentes, es apenas un cascarón vacío. Y lo que se juega en Chubut hoy es precisamente eso: si vamos a aceptar que las corporaciones profesionales dicten qué se puede decir y qué no, o si vamos a defender el derecho a hablar sin miedo.
Porque cuando se calla ante la corrupción y se censura a quienes la denuncian o la cuestionan, lo que se construye no es justicia, sino un sistema de impunidad blindada. Y esa es la peor traición que un Colegio de Abogados puede cometer contra la sociedad que dice representar.
Un llamado a revisar el verdadero sentido de la colegiación
La crisis que hoy atraviesa el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia no puede leerse como un hecho aislado ni localista. Lo ocurrido debe encender una alarma para todos los colegios profesionales del país. Cuando una institución que debería defender derechos se convierte en correa de transmisión del poder, el daño no se limita a sus matriculados: compromete la salud misma de la democracia. Este episodio es un llamado de atención ineludible para todos los colegios de abogados y de otras profesiones, porque lo que está en juego no es solo la independencia de una jueza ni la libertad de expresión de un sector, sino la posibilidad de contar con instituciones que sean contrapeso real frente al avance de la censura, la corrupción y la impunidad.
Instagram: @dracynthiacastro
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