¿Sabemos quién es el comisario de nuestro barrio? ¿O el fiscal del distrito? ¿Quién es el director del colegio de nuestros hijos? Así como desconocemos estas cuestiones que afectan nuestro día a día, también ignoramos cuántos empleados tiene nuestro municipio, nuestra provincia, el nivel de ausentismo, los niveles de sueldos, así como un sinnúmero de indicadores de gobierno.
Apenas reconocemos a una mínima parte del total de diputados de las listas que votamos en cada elección (13 en la ciudad de Buenos Aires, 35 en la provincia). Pero el desconocimiento no termina allí: tampoco sabemos qué porcentaje ni cuánto pagamos de impuestos por los productos que compramos, cuanto se retiene de nuestros salarios ni a donde va a parar esa retención, ni el nivel de subsidios de nuestros consumos de agua y luz.
No sólo sabemos poco sobre nuestro gobierno y lo que gestiona: no tenemos la información para saber si nuestros funcionarios son idóneos y hacen bien su trabajo. No solamente “sostenemos” una crisis de representación, también de hecho “avalamos” una desconexión muy importante entre el gobierno y nosotros, sus representados. Poco de lo que los ciudadanos deseamos y esperamos, sucede. Tendemos a acomodarnos a los resultados y resignarnos.
¿No querrían los ciudadanos elegir al comisario del distrito? ¿Elegir una junta escolar para el colegio de sus hijos? ¿Penas más duras contra la inseguridad? ¿Eliminar las jubilaciones de privilegio? ¿Terminar con la fiesta de asesores y choferes? ¿Y qué dirían si les propusieran transformar los planes sociales en un subsidio al trabajo? ¿No apoyarían los ciudadanos reducir el empleo publico y despilfarro del estado si con ello pudieran aumentar sus salarios mediante una reducción de impuestos al trabajo y al consumo? ¿Qué opinan de la Boleta Única?
Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina tiene una democracia sólida: ni los levantamientos militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ni el populismo en la ultimas dos décadas han alterado el orden democrático propiamente dicho. Pero si bien tenemos elecciones cada dos años, la democracia y la gestión de gobierno están desconectadas de los ciudadanos. Junto con esta desconexión las instituciones se han degradado fuertemente en las ultimas décadas. Comenzó durante el Menemismo y se potenció tras la llegada de matrimonio Kirchner al poder.
No solo vivimos una crisis de representación, también una crisis derivada de la total desconexión entre los deseos del ciudadano y las acciones del gobernante. De esta separación surge la falta de acuerdos básicos. Las decisiones se toman en función del interés de la casta política y de los sectores con poder coercitivo sobre la casta. No para el bien de los ciudadanos que los votan.
El presidente que asuma en 2023 ya no tendrá el beneficio del gradualismo, ya no podrá tomar deuda. El único shock de confianza posible para calmar el dólar, los mercados y generar la confianza necesaria para generar inversión, trabajo y reducir la pobreza será la capacidad de aprobar reformas estructurales, como una reforma laboral. Nosotros, el pueblo podemos ser parte de ese proceso.
Sociedad codependiente
Las listas sabanas, el comportamiento abusivo de nuestra clase política, así como los planes sociales generan una sociedad en la cual el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos es co-dependiente. Los psicólogos definen la enfermedad de la codependencia como una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona. Algunos de sus síntomas son: baja autoestima, incapacidad para establecer límites o protegerse a sí mismos, patrones de conducta tóxicos y repetitivos, dificultad para asumir la realidad, así como también dificultad para reconocer nuestras propias necesidades y deseos. Como sociedad experimentamos muchos de estos síntomas. La codependencia a nivel personal nace de un núcleo familiar enfermo. A nivel país, de un vinculo desequilibrado entre el gobierno y los ciudadanos.
Muchas decisiones que tomamos, o que no tomamos, surgen de los implícitos que existen en esa co-dependencia. Y la única expresión que hallan es la queja consuetudinaria. Infinidad de argumentos mueren en: “No hay nada que podamos hacer para cambiar la situación”.
La victimización es otra de las características de la codependencia incrustada profundamente en nuestra sociedad y en nuestra psique. Los argentinos solemos victimizarnos en lugar de afrontar y resolver los problemas. Solemos culpar a otros de nuestros errores. La victimización dice: las vacunas no llegan por perversos intereses de los laboratorios extranjeros, la deuda crece por el FMI, los empresarios avaros no contratan gente. Cuando el sentido común indica: nuestros funcionarios no supieron negociar con los laboratorios, el crecimiento de la deuda se da como consecuencia del déficit fiscal crónico y los empleos no se generan por la falta de condiciones para la contratación y la inversión. La cultura de la victimización, de responsabilizar a otros por nuestros problemas no ha hecho más que agrandarlos. Si otros países pudieron salir adelante y mejorar increíblemente el nivel de vida de sus ciudadanos en las ultimas décadas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Fueron las últimas elecciones un grito contra la cultura política de la victimización?
Voto por distrito
El preámbulo de la constitución de los Estados Unidos comienza “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos” y el de la nuestra pregona “Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina”. Parece una diferencia sutil, pero no lo es. La primera empodera al ciudadano, la segunda al legislador. En su discurso a la nación de enero de 1989, Ronald Reagan dijo: “La nuestra fue la primera revolución en la historia de la humanidad que realmente cambió el curso del gobierno. Y con tres pequeñas palabras: Nosotros, el Pueblo. Nosotros el Pueblo le decimos al gobierno lo que tiene que hacer, y no al revés”.
El máximo exponente de la desconexión entre los ciudadanos y sus representantes reside en las listas sábana, consecuencia directa de las manipulaciones internas en los partidos y de nuestra falta de participación ciudadana. No solamente los ciudadanos no sabemos a quiénes votamos, sino que concentramos el poder en algunas figuras conocidas y les concedemos el derecho de arrastrar a personajes desconocidos. Así, las listas resultan armadas por los gobernadores, o desde la conducción nacional de los partidos; y los ciudadanos votamos a ciegas. El poder pasa del ciudadano al político, del barrio a la gobernación y del municipio a la Casa Rosada.
El voto por distrito como se practica en los Estados Unidos o Reino Unido soluciona el problema de la delegación automática. Bajo ese sistema los ciudadanos elijen sus diputados nacionales por sus respectivos distritos electorales. En lugar de provincias enteras, los distritos son más chicos, pueden abarcar uno o varios barrios o ciudades dependiendo de la cantidad de electores de la región. Por ejemplo, una persona que vive en Pinamar podría votar su diputado por el distrito de Pinamar y Villa Gesell, y ciudades grandes como la ciudad de Córdoba, podrían dividirse en varios distritos. De igual forma podrían generarse distritos mas chicos para la elección de diputados provinciales y concejales. Bajo ese sistema los ciudadanos conocerían a quién votan y el candidato sería una persona del lugar que entiende las problemáticas locales, conoce a los vecinos, defiende y representa sus intereses frente a los concejos municipales, el Congreso y el gobierno nacional. Sin empezar a exponer métodos de captación y mantenimiento de la fidelidad electoral, convengamos en que en muchas zonas hoy ese espacio es ocupado por el puntero que capta votos a cambio de entrega de favores, metodología que constituye una fuerte degradación de nuestra estructura democracia.
La elección directa debería ir mucho mas allá de que el ciudadano conozca a todos los integrantes de la boleta que pone en la urna para cargos políticos y debería incluir cargos públicos como el jefe de policía, la junta directiva del colegio publico o el fiscal de distrito. Esto permitiría, además de un mayor escrutinio y decisión del ciudadano en cuestiones como la seguridad o la educación de sus hijos, un mayor nivel de involucramiento y participación (por ej., en controles de gestión) de su parte.
Por otro lado, propiciaría la celebración de plebiscitos no vinculantes para cuestiones relevantes, como una reforma laboral e impositiva, el sistema electoral, la coparticipación federal y otras cuestiones de fondo. Si bien para muchas cuestiones un plebiscito puede no ser vinculante, su resultado establecería un mensaje claro al legislador respecto a la postura de la ciudadanía y no un aval abstracto. Y sería difícil para el legislador de un distrito ir en contra de lo que eligieron sus electores.
Con el voto por distrito las campañas políticas llegarían a la puerta de cada familia, a cada plaza, a cada iglesia y club de barrio. La visita a los barrios dejaría de ser un show para los medios y las redes en tiempos electorales. Serían campañas mucho mas vivas, en las cuales el factor local compensaría el poder de los grandes medios de comunicación. Los candidatos estarían mas conectados con sus votantes, tendrían oportunidad de explicar mejor sus propuestas y cómo afectan específicamente a sus distritos.
Bajo el sistema actual, para cualquier candidato es virtualmente imposible establecer contacto con los ciudadanos en distritos provinciales que abarcan millones de personas. El espíritu original de nuestra constitución es que los diputados representan al pueblo argentino y los senadores a las provincias. La mayoría de los ciudadanos parece haber olvidado que ese “pueblo” son ellos, somos nosotros, “todos” los argentinos.
Se ha extendido una peligrosa y antidemocrática presunción de que los mas pobres solo eligen en función del “plan” que reciben. Los números de la ultima elección no avalarían esta hipótesis, como lo definió Elisa Carrió tras los comicios: “No vamos a ser Venezuela. Lo más emocionante es la rebelión de los pobres”. Los votantes con menos recursos serían los más beneficiados con el voto directo de cargos públicos. Nadie más interesado que quien vive en un barrio inseguro en que el comisario elegido para luchar contra la inseguridad sea una persona conocida por ellos, que la junta del colegio haga un buen uso de los recursos y mejore la educación. ¿Quién votaría en contra? Respecto a los planes, ¿por qué no pensar en un esquema de renta y trabajo universal en función del ingreso, que permita que quienes consigan trabajo conserven parte de los ingresos del plan? Eso estimularía la cultura del trabajo y comenzaría a desarticular la cultura de la codependencia.
Democratizar y transparentar nuestro sistema electoral implica eliminar las listas sábana, instrumentar el voto por distrito y volver mas transparente a la “representación”. El Sistema de Boleta Única es utilizado es utilizado en la mayoría de las democracias avanzadas. Incorporarlo a nivel país sería un gran avance para nuestra democracia, a diferencia del voto electrónico, es un sistema que genera mucho mayor consenso.
Referendum
La noche del miércoles 25 de julio de 1984, el presidente Raúl Alfonsín anunció en un mensaje a la Nación transmitido por radio y televisión, que convocaría a una “consulta popular” para que todos los ciudadanos se manifestaran voluntariamente a favor o en contra del tratado de limites con Chile, de acuerdo con la última propuesta que la mediación del Papa Juan Pablo II había realizado a ambos países. Los ciudadanos debían optar entre dos papeletas, una por el “sí” al tratado y otra por el “no”. El resultado de la consulta no era de carácter vinculante, ni impediría que el parlamento pudiese desaprobar el tratado.
El problema de Alfonsín era que necesitaba la aprobación del parlamento para poder ratificar el acuerdo y el radicalismo estaba en minoría en el senado. El principal bloque opositor, el Partido Justicialista, llamó a boicotear el proceso. Algunos referentes de esta agrupación, como Herminio Iglesias, instaron a participar de la elección y votar en contra. Carlos Menem se manifestó a favor del “sí”. Los sectores de derecha entre los que se encontraba los grupos militares también se pronunciaron en contra.
Desde el principio Alfonsín era conciente de que la oposición peronista bloquearía el acuerdo en el Congreso y buscaba impedir el tan necesario acuerdo de paz. Al hacer esto, los dirigentes peronistas actuaban en contra de los deseos de quienes los habían votado, dado que la mayoría del electorado peronista estaba a favor del acuerdo de paz. El referéndum fue el mecanismo al que recurrió Alfonsín para alinear los intereses de los ciudadanos con los actos de gobierno, pasando por encima de los intereses políticos o sectoriales. Para los diputados y senadores peronistas -así como para los de otros partidos- sería difícil ir en contra de la voluntad popular si el resultado era contundente.
El acuerdo de límites buscaba poner fin al conflicto del Beagle por el cual Argentina y Chile estuvieron cerca de ir a la guerra en 1978, cuando la Junta Militar Argentina ordenó la Operación Soberanía. Se invadieron las islas en disputa y la Junta desistió de la ejecución de la Operación cuando el choque entre las fuerzas militares de ambos países era inminente. A ultimo momento, la Junta Militar Argentina, decidió aceptar la intervención vaticana, evitando la guerra, lo cual condujo a la mediación que terminó en la firma del tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, que solucionó un conflicto de casi un siglo.
El 25 de noviembre de 1984 se celebró la consulta popular. El resultado fue contundente: el 82% de los votantes se manifestaron por el “si”, frente a un 16% que se manifestó por el “no” y un 2% de votos blancos o nulos. No solamente el resultado fue contundente, sino que el nivel de participación fue del 70%, lo que reforzó la validez del proceso. Una semana más tarde fue firmado el Tratado de Paz y Amistad. Semanas después el proyecto era aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados, y el 14 de marzo de 1985 era convertido en ley por el Senado de la Nación Argentina.
Lo interesante de este proceso es que por primera vez en la historia argentina, utilizando un mecanismo constitucional propio de la democracia semidirecta, la voluntad de los ciudadanos se impuso por sobre los intereses corporativistas de ciertos grupos de poder con intereses diferentes a los de la ciudadanía. En un país como la Argentina, donde las decisiones de los políticos están muchas veces desconectadas de los intereses de quienes los votan, el referéndum no vinculante puede ser la base de acuerdos, consensos y reformas que pongan las bases para un camino de prosperidad de largo plazo.
Transparencia y acceso a la información
El estado argentino, los impuestos, los indicadores de gestión son una gran caja negra. El votante suele tomar sus decisiones -al igual que en la mayoría de los países- por percepciones personales más que por el análisis de datos duros. El acceso a la información dura es escaso y el sistema está envuelto en un halo de “oscurantismo”.
Los impuestos son el mejor ejemplo. Si a un trabajador le aumentan la alícuota de ganancias pone el grito en el cielo, lo mismo si aumentan los aportes que figuran en su recibo de sueldo. Pero poco se preocupa de que su empleador pague el 43% de su sueldo neto en aportes patronales, o sus consumos diarios sean hasta un 35% mas costosos por el impacto del IVA, ingresos brutos y el impuesto al cheque. Todos estos impuestos son pagados por las empresas, pero quien realmente absorbe su costo es el trabajador: salarios más bajos y consumos mas caros.
Este encubrimiento esta totalmente relacionado con la calidad de la democracia, porque si no entiendo lo que pago y cómo me afecta, tampoco entiendo cuanto debería poder exigir al gobierno. En muchos países los impuestos al consumo son mas bajos y los indirectos, como ingresos brutos y el impuesto al cheque, inexistentes. Impuestos como ganancias, el impuesto a las ventas finales y el impuesto a la propiedad son los más importantes. Cargas que se ven y se perciben.
Lo mismo que sucede con los impuestos sucede en otras áreas del gobierno. ¿Sabemos cuántos asesores y choferes tienen nuestros funcionarios? ¿Sabemos cuál es ese número en relación a otros países? ¿Sabemos cuál es el costo por alumno del colegio al que van nuestros hijos y el índice de ausentismo docente? ¿Sabemos el costo por paciente del hospital público en comparación con prestadores privados?
En todas estas áreas más información y mayor poder de decisión de la ciudadanía aumentaría la calidad de los servicios. La gestión publica no rinde cuentas. El periodismo informa sobre muchas de estas cuestiones, pero el acceso a la información debería ser más simple para el ciudadano común. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) pone las iniciativas de gobierno abierto en un lugar central entre las políticas para fortalecer el desarrollo económico y social. Hoy con la tecnología, este tipo de políticas de transparencia son más fáciles de instrumentar.
Para democratizar la gestión de gobierno, el gasto público debe estar más cerca del ciudadano. Hoy muchas de las competencias están concentradas a nivel provincial, cuando aspectos como la educación y la seguridad podrían funcionar mejor a nivel municipal y con una mayor participación de las comunidades. Las ciudades son la base de nuestras comunidades: nuestra escuela, nuestro barrio, nuestro grupo de amigos, nuestro club, nuestra iglesia. En las comunidades donde construimos lazos de confianza y amistad, estos se extienden hacia el crecimiento económico, el bienestar social.
Volver a decidir
Los argentinos tenemos discrepancias respecto de las políticas económicas, el fútbol, el aborto, las relaciones internacionales y muchas otras cuestiones sociales. Pero estamos de acuerdo en la importancia de cuidar y seguir fortaleciendo nuestra democracia para, como dijo Raúl Alfonsín, “establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales”.
Salir de esa rueda de disociaciones, volver a encarnar cada uno el concepto de pueblo, ser representados por electores directos, también debería figurar en la lista de estos grandes objetivos nacionales.
*Federico Domínguez es escritor y asesor financiero. Autor de “La Rebelión de los Pandemials: Los Ciclos Humanos y la Década de las Turbulencias” (Editores Argentinos).
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